El fiscal federal Federico Delgado abrió una causa penal contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para que sea investigado por las supuestas transferencias que habría recibido en 2013 provenientes de un operador financiero condenado por el escándalo brasileño del Lava Jato.
Fuentes judiciales Informaron a Infobae que Delgado abrió formalmente un expediente luego de que la diputada Elisa Carrió ratificara este martes la denuncia que había realizado contra el jefe del espionaje tras una publicación realizada por el diario La Nación.
Para iniciar la instrucción, Delgado pidió que se produzcan ocho medidas de pruebas. Entre ellas, que Suiza informe sobre la cuenta bancaria que en ese país tiene Arribas, y que declare como testigo vía Skype Leonardo Meirelles, el operador que figura en las transferencias y que fue condenado a cinco años de prisión en Brasil.
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La Nación publicó el 11 de enero que en septiembre de 2013 Arribas había recibido cinco transferencias por un total de USD 594.518 en su cuenta del Credit Suisse. El mismo diario aclaró en otra edición que en realidad fue sólo una la transferencia en virtud de un informe girado por el banco suizo involucrado.
La entidad financiera desde la que se giró el dinero, ubicada en Hong Kong, estaría vinculada a una compañía que se utilizaba como pantalla para el pago de coimas y sobornos durante el culebrón de corrupción que estalló en Brasil. Esa empresa es de Meirelles, quien confesó que fue un intermediario en el pago de coimas de la empresa constructora Odebrecht para obtener contratos de obra pública en varios países de la región, entre ellos Argentina.
Ante la publicación, Carrió denunció penalmente a Arribas y este martes ratificó la denuncia. Durante el trámite, la diputada dijo que contaba "con el respaldo del Presidente de la República".
La legisladora pidió que se investigue si Arribas recibió una sola transferencia o varias porque podría tratarse de "una operación de inteligencia que involucra a sectores nacionales vinculados a inteligencias de otros países".
A modo de ejemplo, Carrió recordó el caso del fallecido Enrique Olivera, que cuando fue candidato a vicejefe de Gobierno en 2007 se le imputó un día antes de las elecciones la titularidad de una cuenta en Suiza. La información era falsa, pero cuando se comprobó ya era tarde.
En el acto procesal realizado esta mañana, la diputada nacional también pidió que se investigue al ex subjefe de la ex SIDE Franciso "Paco" Larcher y a la actual segunda de Arribas, Silvia Majdalani, por "espionaje y amedrentamiento". "Majdalani hace espionaje contra una miembro del Gobierno que soy yo", acusó Carrió ante los medios.
Desde el Gobierno negaron que Arribas hubiese cobrado las transferencias puntualizadas en la denuncia. No obstante, adelantaron que en las próximas horas se conocerá un comunicado de prensa con más precisiones. La versión oficial indica que el único giro de dinero registrado responde a una operación inmobiliaria que realizó el funcionario en 2013, en San Pablo. Cuando ocurrieron los hechos que se denuncian, Arribas vivía en Brasil y se desempeñaba como representante de jugadores de fútbol.
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El fiscal pidió que la Justicia de Brasil envíe copias de las confesiones de Leonardo Meirelles, de su hermano Leandro, y de Alberto Youssef, socio de Meirelles. Los tres fueron condenados por el "Lava Jato". También requirió que Leonardo Meirelles declare como testigo via Skype.
Además, Delgado requirió un exhorto internacional a Suiza para que informe "todos los datos de las transferencias registradas entre los días 25 y 27 de septiembre de 2013" en la cuenta de Arribas y que se realice un peritaje informático sobre esa cuenta para determinar si pudo ser hackeada.
El fiscal también solicitó que se certifique si Arribas está vinculado con alguna de las empresas que participan de la obra del soterramiento del Sarmiento y que la Oficina Anticorrupción presente las declaraciones juradas del funcionario.
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Por último, y ante la denuncia de Carrió, el fiscal solicitó que "se designen expertos para que auditen los equipos electrónicos que utiliza la diputada nacional a fin de establecer si fueron objeto de interceptaciones o hackeos".
La causa está a cargo del juez federal Rodofoldo Canicoba Corral, quien está de licencia, y es reemplazado hasta el 1 de febrero por Ariel Lijo, quien debe decidir si hace lugar a las medidas solicitadas por el fiscal.
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