El presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prorrogaron la declaración de la "emergencia en seguridad pública" por un plazo de 365 días, según se publicó esta mañana en el Boletín Oficial.
El decreto 228/2016, que lleva la firma de ambos funcionarios, enumera las distintas iniciativas y programas que se tomaron en el marco del régimen excepcional, y destaca "la lucha contra el narcotráfico" como "uno de los objetivos centrales del Gobierno nacional", que se expresó en acuerdos con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En particular, en el texto se resalta el convenio por comprender "compromisos operativos; instrumentales; para la prevención y el abordaje integral de las adicciones; para garantizar la transparencia; de cooperación con la justicia y el Poder Legislativo y para la participación de la sociedad civil".
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De esta manera, la administración de Mauricio Macri emuló a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en la provincia de Buenos Aires también extendió a comienzos de 2017 el período de excepción en el área de seguridad por el plazo de un año.
Durante el 2016, el Poder Ejecutivo emprendió distintas acciones bajo los parámetros de la emergencia, con foco en los delitos denominados "complejos" y cometidos por el crimen organizado.
Entre las medidas tomadas, de acuerdo a la enumeración del decreto, hubo una profundización de los operativos antidrogas en las fronteras y en los asentamientos de emergencia (programa "Barrios Seguros"), y se puso en marcha planes de coordinación en la comunicación entre las distintas fuerzas policiales ("Plan Federal de Comunicaciones").
También impulsó diferentes proyectos de ley, entre ellos, el de procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, la norma que penaliza el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, o el que instituye figura del "arrepentido".
Según la normativa publicada este viernes, se recordó que la declaración de emergencia estuvo motivada "por la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado, tales como el impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados".
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