
El juez de Control Penal de Jujuy Jorge Zurueta ordenó el secuestro de casi una veintena de vehículos, en su mayoría de alta gama, pertenecientes a familiares y allegados a Milagro Sala, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.
Ante esto, la Tupac Amaru, la organización social que lidera la dirigente, emitió un comunicado con críticas a la Justicia: "Se trata de una nueva embestida del gobierno provincial para profundizar el show mediático en torno al caso de Milagro Sala y extorsionar a familiares de detenidos y cooperativistas para que denuncien a la diputada del Parlasur ante la falta de pruebas que hay en las causas".
Asimismo, vincularon la decisión del juez Zurueta con la causa de los ataques a Gerardo Morales, por la que Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso: "No es casual que justo se haya realizado el fin de semana en el que se publicó un informe sobre los fondos que recibió por parte del gobierno de la provincia René "Cochinillo" Arellano, el único testigo de cargo en contra de Milagro Sala en el juicio por los huevos, y que la defensa demostró que mintió sistemáticamente durante todo el proceso".
La Tupac Amaru reivindicó en el escrito su rol en Jujuy y se desligó de cualquier actividad delictiva: "Construyó miles de viviendas, centros de salud, polideportivos, escuelas, que ha atendido desde su nacimiento las necesidades de los más vulnerables, que no encontraban las respuestas que tenía que dar el Estado y que claramente hoy les está volviendo a negar".
"Por eso necesitan condenar a la Tupac, ejemplo de organización colectiva y comunitaria que ha reivindicado los derechos de las personas y que ha trabajado desde su constitución para dignificar a los más humildes", sentenciaron.
En el comunicado también se reproducen declaraciones del coordinador nacional de la organización, Alejandro Garfagnini: "Ante la falta de pruebas contra Milagro Sala, buscan con estos operativos intimidar a las familias de los otros detenidos y cooperativistas con el fin que declaren contra Milagro Sala. Es muy claro el planteo que redactó la fiscalía respecto a la organización social: dictada por Gerardo Morales, según la resolución, la Tupac Amaru y el cooperativismo constituye una asociación ilícita. La única asociación ilícita en la provincia es la del partido gobernante: funcionarios del Poder Ejecutivo, familiares varios de ellos del contador, junto a jueces y fiscales que son la mano ejecutora puestos todos de acuerdo para detener a los opositores políticos".
También hay expresiones de una de las abogadas de Sala, Paula Álvarez Carreras: "Creemos que todo esto busca mostrar cómo se profundiza la persecución sobre los familiares por el origen de los fondos, o ahora por como adquirieron autos de alta gama, tal vez en la búsqueda de generar elementos de prueba que no pudieron conseguir en la causa principal. En ese marco, entendemos que estos operativos constituyen nuevas formas de presionar a Milagro y a la organización, ahora a través del hostigamiento sobre los familiares".
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