
Primer caso. Un efectivo de Gendarmería se presenta ante el Ministerio de Seguridad y denuncia una red de corrupción en la fuerza para liberar una ruta. Sí, aflojar los controles a cambio de una "contraprestación". Cuenta que apenas llegó a la dependencia (los detalles del caso se mantienen en reserva) detectó una cadena de complicidades entre los jefes y otros efectivos. Lo invitaron a sumarse. Pero se negó y quedó bajo la lupa. Tras la denuncia, su suerte cambió: el Ministerio decidió apartar al jefe de la dependencia.
Segundo caso. Un efectivo de otra fuerza detecta que estaban utilizando su nombre y su firma para cobrar viajes. Jura que jamás hizo esos viajes, pero dudaba en hacer la denuncia porque sus jefes estaban involucrados en el cobro de los viáticos truchos.
Con más garantías, la realidad sale a la luz. En los últimos dos meses, un total de 51 efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, PSA, Prefectura y Policía Federal no traspasada) decidieron denunciar en primera persona casos de corrupción o irregularidades graves, pudo saber Infobae en fuentes oficiales.
¿Por qué se dispararon las denuncias? En octubre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución 561 que crea el Sistema de Protección del Personal de las Fuerzas de Seguridad (SPAPFS). La norma busca desalentar las denuncias anónimas porque dificultan las investigaciones.
Ahora, los efectivos que conozcan o sufran actos de corrupción internos o faltas disciplinarias y decidan denunciar en primera persona podrán sumarse al Programa y recibir un trato especial. De esta manera se intenta reducir el riesgo de castigos o represalias internas, muy habituales en todas las fuerzas.

"El anonimato impide profundizar el contenido de la denuncia, y erosiona la transparencia que debe ostentar el sistema de investigaciones", dice la norma en sus fundamentos.
La respuesta fue casi automática. En apenas dos meses hubo 51 denuncias no anónimas dentro de las fuerzas de seguridad federales. Es un número altísimo si se compara con los antecedentes. "Queremos que los agentes se animen, que la denuncia en primera persona no sea la excepción sino la regla", explicó Damián Arabia, a cargo de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio.
Para sumarse al Sistema de Protección, los efectivos deben comunicarse con el Ministerio de Seguridad por algunas de las vías disponibles: web, líneas telefónicas, redes sociales o mail. Luego de una evaluación previa sobre la veracidad denuncia, se notifica a los responsables de la fuerza en cuestión. Y está previsto un régimen de sanciones para los casos de denuncias falsas.
El Sistema de Protección incluye un grupo de psicólogos para acompañar a los denunciantes, y apunta a un amplia variedad de denuncias que incluyen hechos de corrupción hasta casos de violencia física o verbal.
Dentro ese rubro abundan las denuncias sobre cuestiones de género. Entre las últimas presentaciones hay una mujer (la identidad se mantiene en reserva) que apunta a su jefe por acoso y discriminación. El punto de inflexión fue cuando la amenazó con frenar el ascenso de su marido (pertenece a la misma fuerza). Ahora el caso está en manos de las autoridades.
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