La Cámara Federal debe resolver si ordena investigar a Mauricio Macri

Cuando en febrero regrese la actividad judicial, la Cámara Federal tendrá que resolver si ordena investigar al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Se trata de una causa por el presunto precio artificial del dólar que se fijó por la emisión de deuda externa y Lebacs, lo que habría perjudicado la economía.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó los últimos días del año la imputación que la fiscal Paloma Ochoa le había hecho a Macri, al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, y al ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, para iniciar una causa penal. El magistrado entendió que no había nada que investigar porque se trataba de una decisión de política no judiciable pero la fiscal apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara.

Diputados nacionales del Frente para la Victoria denunciaron que el gobierno provocó un precio artifical del dólar por la emisión de deuda externa y de Lebacs para tomar crédito.

Explicaron que el BCRA emitió entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 más de 685 mil millones de pesos de títulos Lebacs –con una taza de interés de 40 por ciento anual en pesos–, lo que impactó en las cuentas públicas en 200 mil millones de pesos. También que el Gobierno obtuvo 40 mil millones de dólares de deuda externa, los que luego fueron vendidos en el mercado interno.

La fiscal Ochoa pidió el 7 de diciembre investigar el caso pero 10 días después el juez Rafecas desestimó el planteo.

"Los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno, conforme resulta de público y notorio, se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación", sostuvo el magistrado.

Rafecas entendió que el caso no ameritaba una investigación porque la decisión sobre las Lebacs y la emisión de deuda es una facultad del Gobierno y se trata de "cuestiones políticas no judiciables". "No le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado Nacional", subrayó Rafecas.

Pero la fiscal Ochoa apeló el fallo y criticó la decisión del juez de no avanzar en la investigación.

Ochoa sostuvo que no están en discusión las facultades que tiene el BCRA sobre la política económica pero que en este caso lo que se debe investigar es "una presunta política monetaria abusiva decidida por funcionarios públicos, que extralimitándose en sus funciones, manipularon el valor real –fijado por el mercado– con el objeto de perjudicar las arcas del estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".

La fiscal se basó en un antecedente de la propia Cámara Federal: la causa del dólar futuro en la que el tribunal confirmó en noviembre el procesamiento de la ex presidente Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof, entre otros, por la defraudación a las arcas públicos en la fijación del precio de esa divisa.

"Recuérdese que en el caso citado se valoró justamente lo que aquí se pretende investigar: si las acciones reprochadas a los funcionarios públicos imputados excedieron el marco de lo normado por las regulaciones específicas que rigen la materia cambiaria, y en su caso, si tales abusos, que determinaron que la divisa tenga un valor distinto al real, eventualmente provocaron un perjuicio al patrimonio público", sostuvo Ochoa.

La fiscal recordó que en el fallo del dólar futuro los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah, señalaron que el BCRA tiene facultades para actuar en la operatoria de títulos públicos pero con algunas limitaciones y "su intervención debe ser a precio de mercado", sino podría afectar las cuentas públicas.

Para apelar el cierre de la causa, Ochoa también marcó que la desestimación se hizo "sin efectuar ninguna de las medidas de prueba" que había solicitado.

"Es importante señalar la gravedad institucional que acarrea la imposibilidad de impulsar y avanzar en la investigación de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos del más alto nivel de gobierno que habrían repercutido severamente en las arcas públicas", explicó en su pedido a la Cámara para que abra la investigación.

El juez Rafecas ya aceptó la apelación por lo que en febrero intervendrá la Cámara Federal. Primero se deberá sortear qué sala del tribunal intevendrá en el caso, si la I o la II. La II fue la que tuvo el caso del dólar futuro que citó Ochoa como similar al que busca investigar.

En su apelación, la fiscal le pidió a la Cámara que ordene las medidas de prueba que le había solicitado al juez Rafecas. Entre ellas, que el BCRA informe el volumen de Lebacs y bonos del tesoro nacional y cómo evolucionaron sus valores y el precio del dólar. También todas las operaciones de Lebacs entre 2005 y 2015, el listado de bancos y sociedades que compraron Lebacs y las actas del directorio de la entidad sobre esas operaciones. Por su parte, que los Ministerios de Hacienda y de Finanzas (cuando pidió la medida estaban unificados bajo el mando de Prat Gay) informen la deuda externa emitida en el último año con el detalle de la tasa de interés que se fijó y sus plazos de amortización.

Además, Ochoa pidió que las entidades que correspondan den a conocer la lista de las mil personas personas y las empresas que más Lebacs y bonos del tesoro nacional compraron en el último año.