Es sabido que sin estadísticas es complicado tomar decisiones, incluso en materia de políticas criminales. Por eso, desde el año pasado, el gobierno nacional viene analizando la situación con representantes de cada provincia y distrito para tener una mirada federal sobre la edad de imputabilidad penal.
Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, admitió que "es un tema clave la edad de imputabilidad, porque en la actualidad la ley –que es de 1980– establece qué se puede hacer desde los 16 hasta los 18 pero hasta los 16 podría no haber ninguna respuesta".
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario dijo que "la idea del Gobierno es trabajar en el marco de una comisión de expertos, en la cual haya especialistas en el tema y operadores judiciales, representantes de los ministerios, y poner la discusión sobre la mesa para bajar la edad a 14 años".
Casares explicó en qué casos quiere el Gobierno aplicar la edad de imputabilidad. "Los 14 es para determinados supuestos como el caso de homicidios, violaciones y delitos con armas, a fin de que el juez pueda evaluar si la persona que cometió el delito comprendió la ilegalidad del hecho".
El funcionario admitió igualmente que "el solo cambio en la edad no va a solucionar nada" y explicó que el Ejecutivo "tiene una mirada puesta en el tratamiento del por qué y para qué queremos tratar como imputables a chicos que cometan delitos graves".
La realidad es cruda. "Yo puedo hablar de lo que ingresa al sistema; ahí vemos características preocupantes como que los delitos que se cometen, en una gran proporción son delitos graves, contra personas o contra la propiedad con el uso de armas", añadió Casares.
Según el último censo de 2014, hablamos de un total de 1.142 chicos en situación de institucionalización, desde los 12 años hasta los 19 o 20 años. "Lo de los 12 años es igual una excepción, la franja más grande está entre los 14 y los 17 años", reconoció el funcionario.
El anteproyecto que analiza el gobierno, que ya cuenta con voces a favor, propone que de 14 a 16, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto, y que de 16 a 18 la carga sea de una defensa para demostrar que no la comprendía.
Al regreso de sus vacaciones, el presidente Macri firmaría el decreto para convocar a una comisión especial para elaborar el anteproyecto que modifique la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido.
La comisión que analizará la reforma del régimen penal juvenil estaría conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.
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