Dos jueces federales le pidieron al gobierno nacional que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual le permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando una ley del Congreso de la Nación lo prohibía expresamente.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los magistrados en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán y Esteban Furnari tomaron la medida en dos causas en las que se pidió que se frene la aplicación del decreto 1206/2012.
Se trata de dos expedientes que iniciaron la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", a cargo de Ailán, y el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que lleva Furnari.
Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual, ante una demanda contra el Estado, se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra.
La jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. Por su parte, Furnari tomó ayer la misma decisión para que en tres días el Poder Ejecutivo también conteste.
Una vez que las respuestas lleguen a los juzgados –lo que podría ocurrir recién en febrero tras la feria judicial que comienza el lunes– los magistrados quedarán en condiciones de resolver si suspenden la aplicación del decreto.
"Abogados por la Justicia Social" y el diputado Solá objetaron en sus causas el decreto porque era contrario a lo que el Congreso había aprobado en mayo en la ley 27.260, en la que excluía expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.
La ley había sido aprobada con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Justicialismo y parte del kirchnerismo y con el expreso pedido de la oposición de impedirle el blanqueo a familiares de funcionarios para evitar que estos últimos utilicen a sus allegados para beneficiarse con la norma.
Sin embargo –a fines de noviembre– Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios ingresaron a la función.
La medida generó duras críticas de la oposición, que señaló que Macri había dictado el decreto para beneficiar a su papá, el empresario Franco Macri.
La oposición mantuvo sus críticas y en la Comisión bicameral de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia del Congreso Nacional el decreto 1206 fue rechazado.
Por otro lado, se iniciaron dos causas penales en las que fueron denunciados Macri, Peña y Prat-Gay.
Una de ellas la presentaron diputados nacionales de Libres del Sur por el delito de abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó penalmente a Macri, Peña y Prat-Gay para que sean investigados.
La segunda fue presentada por legisladores nacionales del Frente para la Victoria y allí el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas previas antes de resolver si imputa a los denunciados.
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