
Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner por encubrimiento, tras la firma del controvertido Memo con Irán que abría la posibilidad de sobreseer a todos los implicados en el ataque terrorista a la AMIA. Nisman no llegó al Congreso para defender su denuncia contra la entonces Presidente de la Nación: fue asesinado a sangre fría en su piso de Puerto Madero. Desde ese momento, la ex jefa de Estado inició una campaña de acción psicológica para destruir la imagen pública del fiscal federal y lanzó una poderosa operación sobre Comodoro Py para evitar que la acusación de Nisman sea investigada por el Poder Judicial. Si finalmente la Cámara de Casación activa la denuncia contra CFK, sólo habrá cumplido con su deber procesal y un reclamo de justicia que atraviesa a toda la sociedad. En cambio, si ordena su archivo, la impunidad habrá ganado otra partida en 33 años de Democracia.
Cristina Kirchner ejecutó una política en zigzag respecto del atentado terrorista en la AMIA que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 200 heridos. Fue crítica de Irán durante años y después se plegó a una estrategia de apoyo internacional empujada por Venezuela, Cuba, Siria y Rusia. CFK hizo su aporte a esa movida geopolítica, entregando la causa AMIA a Irán a través de un Memo que inició su recorrida tras la reunión secreta del excanciller Héctor Timerman con la diplomacia secular del régimen sirio.
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El Memo es fácil de explicar: los acusados iraníes quedaban en manos de la justicia iraní que responde al poder central iraní que maneja un dictador iraní que ordenaría la absolución de los imputados iraníes.
La apertura de la denuncia de Nisman permitirá dilucidar si Cristina Kirchner sólo buscó sumarse a una entente conducida por Vladimir Putin desde Rusia o también implicó un negocio millonario. El fiscal federal aseguraba que la ex Presidente obtendría un cuantioso retorno por la venta de petróleo y granos, a cambio de facilitar la absolución de los implicados iraníes en el ataque terrorista a la AMIA. En este esquema, Nisman plantea la figura penal del encubrimiento y otros presuntos delitos conexos.
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No hay fiabilidad sobre las evidencias con respecto a los bienes que supuestamente se negociarían para recompensar la movida del Memo con Irán empujada por CFK y su excanciller Timerman, un miembro de la comunidad judía que traicionó su legado y sus raíces. Aquí habría una falla argumental en la denuncia del fiscal asesinado, y por eso es necesario que se abra a prueba su última presentación como funcionario público.

La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos se llevó una copia de una investigación por corrupción que se abrió en los tribunales de Brescia, una ciudad ubicada en el norte de Italia. En esa causa se menciona tangencialmente un intento de compraventa de uranio, articulado por militares venezolanos, espías iraníes y empresarios argentinos conectados con piqueteros que aún hoy defienden la honestidad penal de CFK. Ahí hay una clave que puede sostener la denuncia de Nisman: el negocio no habría sido por petróleo o granos, sino por uranio que debía servir para completar la bomba nuclear que buscaba Irán antes de su acuerdo con los Estados Unidos y la Unión Europea.
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Cristina es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero este principio básico del derecho se ejecuta si hay un expediente abierto, una posibilidad hasta ahora cerrada por los diferentes movimientos que ejecutó la expresidente a través de jueces y camaristas que se doblaron o pagaron las diferentes gracias del kirchnerismo.
Se trata de administrar justicia, un concepto que se perfecciona si se abre la denuncia de Nisman y se comprueban –o no—sus bases acusatorias. Lo que se reclama es que un juez federal investigue la acusación del fiscal asesinado, y que en un tiempo razonable explique a la sociedad si había evidencias contra la expresidente.
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Será un trabajo arduo, complejo y con final abierto. Pero necesario para terminar con un caso que enlaza con otros expedientes que aún reclaman por verdad y justicia: la causa AMIA y el asesinato de Nisman.
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