La Justicia citará otra vez a José López y Abel Fatala por los desvíos de Sueños Compartidos

Si no hay sorpresas, el próximo 21 de diciembre terminará la maratónica ronda de indagatorias por el plan “Sueños Compartidos”. Fueron 43 personas en total, entre funcionarios nacionales, provinciales, municipales, los hermanos Schoklender y hasta la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Pero esto recién empieza. El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi -sucesor de Norberto Oyarbide- ya tiene decidido ordenar nuevas indagatorias para profundizar la ruta de los cheques. Además, el ex secretario de Obras Públicas José López y el subsecretario Abel Fatala deberán ampliar sus indagatorias, pudo saber Infobae en fuentes judiciales, ante las contradicciones que surgieron en el expediente.

En su primera declaración, en el mes de agosto, López responsabilizó a los gobernadores e intendentes que firmaban los acuerdos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. “En el convenio se dejaba aclarado el rol de comitente de la obra y facultaba a auditar cuando se considere conveniente, a rescindir, y en caso de incumplimiento a requerirle a la jurisdicción la devolución de los fondos”, aseguró. Una estrategia similar adoptó Fatala, un hombre clave en el origen de “Sueños Compartidos”.

Ese “relato” se topó con la versión de varios gobernadores e intendentes, quienes apuntaron a la responsabilidad del Ministerio de Planificación y del gobierno kirchnerista. “Ellos crearon el plan y pusieron a la Fundación (y a los Schoklender) en un lugar de privilegio para contratar”, se defendieron ante la Justicia, usando otras palabras. En esa nómina aparecen el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Tigre Julio Zamora, el ex intendente de Almirante Brown Dario Giutozzi, y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs. Otros, como el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich, optaron por un descargo más político.

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La investigación sobre “Sueños Compartidos”, que significó una inversión de más de $1200 millones (en total se transfirieron casi 750 millones), va camino a cumplir seis años. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

La Justicia ya constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. También comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales.

Los cheques oficiales eran descontados en cuevas, pero terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban millones de pesos en efectivo.

En la última ronda de indagatorias no hubo sorpresas. “Nadie sacó los pies del plato”, resumió una fuente con acceso al expediente. Sergio Schoklender declaró nuevamente el 22 de noviembre por pedido de su defensa y sigue atado a su libreto: la responsabilidad era de Bonafini y del fideicomiso que tomó las riendas de la Fundación en mayo de 2011. Pero la cantidad de pruebas en su contra es abrumadora. Algo similar ocurre con su hermano Pablo, quien intenta rehacer su vida en Paraguay.

Después de la feria judicial judicial, Martinez de Giorgi también ampliará el listado de indagatorias a todos los destinatarios finales de los cheques (los nombres surgen de los sucesivos trabajos de auditoría confeccionados por la Auditoría General de la Nación), y profundizará nuevas medidas de prueba. Los obreros y los beneficiarios de las casas siguen esperando Justicia.