Una familia entera. Sellos de médicos. Carnet de afiliados. Recetarios. Planchas de troqueles falsificados. Cheques y dinero en efectivo. Y un perjuicio patrimonial que rondaría, según fuentes judiciales, los 50 millones de pesos. "Se habrían obtenido medicamentos a costo cero o bajo costo a los que luego se les habrían colocado troqueles apócrifos a fin de ser enviados a otras provincias y de este modo obtenido una ganancia con su comercialización, ganancia derivada del medicamento ilegalmente obtenido en perjuicio del PAMI", escribió el magistrado.

De esta manera, y luego de tres años de investigación que incluyó intervenciones telefónicas claves para las pesquisas, Walter Ricardo Bento, juez federal de Mendoza, desbarató y procesó con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda acusada de defraudar al Estado mediante la obtención de tiras reactivas e insulina en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían dichos productos. La maniobra, con la que se estafó a la administración pública en un monto que rondaría los 50 millones de pesos, incluía, según el procesamiento, "su posterior reventa en el mercado informal obteniendo consecuentemente un beneficio económico", lo que prueba la logística de la que se nutrió la organización delictiva.

Jorge Godoy es empleado del PAMI desde el 2009. Primero revistó en el área contable y de informes, y luego en el sector de prevención social. "Habría tenido conocimiento del procedimiento necesario para la autorización de las recetas y la liquidación de las mismas, como por ejemplo los datos que las mismas debían contener, médicos que podían figurar como firmantes, clínicas prestatarias o instituciones intermediarias de PAMI cuyos sellos deben obrar al dorso de las recetas, que era necesario obtener los números de los beneficiarios y conocer los códigos de autorización", aseveró el juez en el procesamiento al que accedió Infobae. Su mujer, Rosmary Lourdes Insua Blangetti, cotitular de las farmacias y de la droguería, es empleada de la delegación provincial de la ANSES: "Habría permitido conocer los datos de los beneficiarios del PAMI y quienes se encontraban o no fallecidos", lo que además le permitía, según fuentes judiciales, la utilización de ese padrón para recetar medicamentos a afiliados fallecidos que ella en teoría debía dar de baja en los registros del organismo previsional. Según las fuentes, los hacían pasar como diabéticos.

Godoy e Insua Blangetti son dos de los nueve integrantes de la familia que el juez Bento procesó por defraudación y como parte de una asociación ilícita que incluye a José Godoy Torres -contador de la banda delictiva- y a Nélida Resa Brunato, padres del primero; a su hermano, Cristian Godoy Resa; a Carlos Augusto Colombi Miralles, ex agente del PAMI de Mendoza y "fundamental a los fines de la obtención de los datos"; a Esteban Genco Olmedo, también ex agente del instituto y empleado en una de las farmacias de la familia; a Miguel Fabio Acerbi Duje, titular de una de esas farmacias, y a Carlos Pallares García, "encargado de la última etapa de la maniobra". Pallares García recibía y distribuía los medicamentos en Córdoba: cuando lo allanaron y lo detuvieron en la localidad de Río Cuarto, se incautaron insulinas con troqueles apócrifos. La Justicia trabó además un embargo de 4.000.000 de pesos sobre los nueve imputados.

La investigación, en la que intervino el fiscal federal mendocino Fernando Alcaraz y la UFI PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo -que presentó información la semana pasada-, se originó cuando al propietario de una cadena de farmacias mendocina le llamara la atención que una misma persona retiraba medicamentos con datos de distintos afiliados -la denuncia fue realizada por el entonces director Ejecutivo de la delegación del PAMI mendocino-. Y por el incremento patrimonial de los imputados. "El estilo de vida de Godoy y su esposa Insua no se condice con los ingresos de un empleado estatal que rondaría los 20.000 pesos. Una casona en un country, autos de alta gama, motos importadas de cilindrada compradas al contado y adquisición de farmacias dan cuenta de un crecimiento económico descomunal que se logró con la maniobra investigada", explicaron fuentes cercanas a la investigación.

En ese sentido, las dos farmacias de la familia ahora procesada con prisión preventiva también tuvieron un salto en la facturación con el negocio de la insulina y las tiras reactivas. En las escuchas encargadas por la Justicia, y tal como consta en el expediente, los detenidos hablan de la confección de los troqueles apócrifos y de, por ejemplo, los sellos que se usaban para las recetas.

Según pudo saber este medio, y si bien es el primer procesamiento de una maniobra de este estilo, hay en marcha al menos media docena de investigaciones en diversas provincias del norte de nuestro país vinculadas al mismo modus operandi. En Santiago del Estero, por ejemplo, ya hubo una serie de indagatorias relacionadas con el mismo delito y con la misma estafa al Estado.