Diversos organismos internacionales alertaron sobre irregularidades en la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala en Jujuy y se le requirió informes al Gobierno. El Ejecutivo primero contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la ONU, como adelantó hace una semana Infobae, y luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
A través de la Cancillería y de la secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno presentó un escrito en donde aseguró que la liberación de Sala "Implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación" judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo.
En el texto, además, se afirmó que "están debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos".
"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", se argumentó en el texto, y se agregó que "la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".
Además, entre los argumentos se determinó que "lejos de sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos".
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