Después de algunas idas y vueltas por el Congreso, la cámara de Senadores aprobó el proyecto conocido como Ley de Participación Público Privada (PPP) que busca fomentar la inversión en obra pública. La propuesta recibió 43 votos afirmativos, 15 negativos, y dos senadores se abstuvieron.
La norma modifica el marco regulatorio que rige a las obras públicas, y busca volver más ágil y atractivo el mecanismo de inversión con el objetivo de que empresas privadas tengan menos reparos a la hora de participar en los proyectos de obra pública.
"La iniciativa refiere a uno de los hechos más importantes para la creación de empleo por parte del Estado y a la mejora de muchas áreas de la vida de los argentinos que se desencadena por la reactivación de la economía y la obra pública", dijo el senador Roberto Basualdo durante el debate parlamentario.
El radical Alfredo Martínez destacó que fue "una ley muy trabajada" por ambas Cámaras legislativas y "enriquecida" en Diputados, para recordar que "el Senado realizó treinta modificaciones y más de treinta la Cámara de Diputados".
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Por su parte, el jefe de la mayoritaria bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, dijo que espera que la sanción de la ley signifique el incremento del nivel de inversiones, la creación de trabajo y de mejoras en infraestructura en todo el país.
El proyecto apunta principalmente a obras de infraestructura, energía y vivienda, con las que el presidente Mauricio Macri apunta a revertir la caída en el empleo que sufrió el país tras las políticas que instauró el gobierno desde que asumiera en diciembre pasado.
Si bien la nueva ley establece que el 33% de los bienes y servicios que contrate el Estado deben corresponder a empresas argentinas, varios miembros de la oposición criticaron la propuesta ya que consideran que las compañías extranjeras tendrán beneficios excesivos.
"Esta ley es la derrota, antinacional. Una ley más de coloniaje y abuso", dijo el senador Fernando 'Pino' Solanas.
El proyecto ya había sido aprobado por el Senado en septiembre, pero fue modificado cuando lo trataron en Diputados, por lo que tuvo que volver a comisiones para incorporar esos cambios, y recién después fue aceptado por la Cámara baja. Ahora, con el voto positivo del Senado, el proyecto se convirtió en ley.
Los principales cambios que aportó la Cámara baja fueron la incorporación al proyecto de la creación de una comisión bicameral de carácter consultivo de los acuerdos que se irán realizando; la obligatoriedad de que al menos el 33% de los bienes y servicios utilizados en las respectivas obras sean de origen nacional; una mayor participación de las pymes locales en las obras; y que los contratos con el nuevo régimen alcancen hasta el 7% del PBI.
Con información de DyN y Reuteres
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