Lázaro Báez, en consonancia con Cristina Fernández de Kirchner y los diputados nacionales del Frente para la Victoria, pidió que se realice un amplio peritaje de toda la obra pública nacional y provincial desde 2003 en adelante.
Lo hizo en el escrito que le entregó al juez Julián Ercolini, durante el acto de la indagatoria a la que fue sometido en la causa en la que se investiga la millonaria entrega de obra pública vial a sus empresas por parte del kirchnerismo.
En ese escrito también pidió que se analicen las licitaciones de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y que se establezca si había diferencias de precios debido a las condiciones climáticas y geográficas de aquel lugar. La intención de Báez es demostrar que no se pagaron sobreprecios en las obras viales santacruceñas.
Además, solicitó que declaren los autores de una de las auditorías que aportó la Dirección Nacional de Vialidad al expediente.
En tanto, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, mantuvo un ríspido contrapunto con Maximiliano Rusconi, abogado de Báez. Según fuentes judiciales, el abogado tomó la palabra y planteó la nulidad de la imputación hecha por los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques. Señaló que le imputaban a Báez cosas similares que a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios públicos.
El fiscal Pollicita subió el tono y realizó una exposición en la que le recordó a Rusconi que en las imputaciones que se realizaron en la causa hay muchas referencias a Báez.
Por ejemplo, le recordó que entre las imputaciones se halla el hecho de haber formado Austral Construcciones días antes de la asunción de Néstor Kirchner. También mencionó la compra de varias empresas de la construcción, que luego se presentaron en 52 licitaciones con irregularidades que finalmente ganó.
El fiscal le dijo al abogado que no había querido ver las pruebas que demostraban las irregularidades en las licitaciones. Tuvo que terciar Ercolini. Luego de un momento tenso, finalizó la declaración.
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