Una investigación oficial del gobierno bonaerense reveló diferentes clases de delitos -protagonizados por agentes del Servicio Penitenciario- en 45 de los 55 penales de la Provincia: venta de droga, robos a detenidos y familiares, desvío del dinero destinado a los alimentos y el combustible, portación ilegal de armas, secuestros extorsivos y hasta abusos sexuales.
Frente a esta situación, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, desplazaron al jefe de Servicio Fernando Díaz y a toda la plana mayor de la fuerza. En total, los exonerados son 132, entre oficiales y suboficiales, sobre un total de 21.000 agentes penitenciarios.
El ministro Ferrari dispuso además la intervención y puso a cargo al actual subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, quien será interventor durante los próximos 90 días.
La decisión de Vidal llegó diez meses después de la fuga de los condenados por el triple crimen de la efedrina, los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, por la que echaron a nueve de los doce agentes imputados por la justicia. Pocas semanas atrás, la Comisión Provincial por la Memoria hizo un crítico diagnóstico de la situación carcelaria y pidió la remoción de Díaz. El ahora ex jefe está acusado en Salta por irregularidades en el control del penal federal de esa provincia.
En los próximos tres meses se realizará una auditoría externa que alcanzará a los nuevos jefes designados y a los directores de las 55 cárceles y alcaldías. La investigación incluye la revisión de los legajos de unos 15.000 agentes penitenciarios que fueron enviados al Registro Nacional de Antecedentes. "Unos 360 efectivos están en observación", aseguró el ministro Gustavo Ferrari.
La provincia de Buenos Aires -con 37.000 presos en 55 cárceles y unos 2.600 en comisarías- duplica el total de los detenidos en todo el país (que suma 250 cárceles para 70 mil presos, aproximadamente).
Para los investigadores, la corrupción del sistema penitenciario y las malas condiciones de vida de los detenidos generan su reincidencia en el delito. Las cifras son contundentes: el 43% de los detenidos en cárceles provinciales vuelve a delinquir.
Las denuncias –presentadas en el programa La Cornisa– revelan cómo, presuntamente, el Servicio Penitenciario roba alimentos y combustible. También los hechos de corrupción internos: por ejemplo, las coimas para ingresar drogas y celulares.
Los datos claves de la auditoría
– Alimentos: se firman y pagan facturas a los proveedores por 100 kilos de carne, e ingresan 50.
– Combustible: con la tarjeta que administra cada penal para llenar combustible, se carga la mitad de lo facturado. El resto se lo dividen entre el proveedor que hace una factura por el total y el agente del servicio penitenciario que recibe parte de la coima.
– Horas extra: el jefe del penal solicita una determinada cantidad de horas que necesita, pero no se cumplen. El agente adhiere con su firma y retorna la mitad del dinero a quien se las concede.
– Presos y familiares: se les cobra por ventajas en los ambientes y penales. Puede incluir pabellones más seguros, colchones (que siempre faltan), celulares y mejor alimentación.
– Drogas y celulares: se pide plata a los familiares por dejar ingresar drogas, celulares y medicamentos. El año pasado en la cárcel de Olmos le encontraron a un ciudadano peruano tres celulares y siete chips con los que conducía una banda de narcotraficantes que operaba en el Conurbano.
"La idea que se instaló fue que cuanto peor, mejor. Permitieron el deterioro de todo el Servicio Penitenciario para hacer un negocio privado. Cada cárcel ofrecía un servicio administrado por los agente penitenciarios", aseguró Gustavo Ferrari a La Cornisa.
Además de la investigación de cada agente penitenciario "se descubrieron hechos de tortura y vejámenes" agregó Ferrari, y adelantó que están proyectando "hacer cárceles para adictos, ya que en el 90 por ciento de los casos hubo algún contacto con la droga. Hace más de 15 años que no se crean cárceles en la provincia de Buenos Aires", aseguró.
La auditoría interna del Servicio Penitenciario:
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