Unas 40 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres -entre las cuales se encuentran Amnistía Internacional, el CELS, Fundación Huésped y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- presentaron una carta a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, a su ministra de Salud Zulma Ortiz y al secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón para expresar su preocupación por las versiones sobre una marcha atrás en la implementación del Protocolo Nacional para la Interrupción Legal del Embarazo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación, que fuera dispuesta por Ortiz mediante la resolución 2095/2016 de fecha 12 de octubre.
La resolución 2095/2016 del Ministerio de Salud bonaerense derogó la vieja resolución 3146/2012, que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y procuró adecuar los lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo de mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita.
En la carta, las organizaciones precisaron que el Protocolo ILE "ofrece claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación; además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud locales".
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Las organizaciones subrayaron que la definición de una política sanitaria por parte del Ministerio resulta de extrema relevancia frente a la repetición de casos en los que los servicios de salud fallaron en asegurar el respeto al derecho a la vida, la salud, la integridad y la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. Estas graves falencias implican la reproducción de situaciones de violencia institucional incompatibles con las obligaciones del Estado argentino.
"Retrotraer la situación y dotar de vigencia a la vieja resolución no solo representa un desconocimiento y un revés para los derechos de las mujeres, sino además compromete la responsabilidad constitucional e internacional de la Provincia y el Estado", explica el comunicado de Amnistía Internacional, y agrega que "la Provincia tiene la obligación de anteponer el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos de las mujeres por sobre concepciones morales o religiosas personales. Por lo demás, dar marcha atrás a la medida transmite un mensaje de tolerancia frente a aquellos efectores de salud que continúan sumando obstáculos para que las mujeres accedan a su derecho, empujándolas a situaciones de riesgo para su salud y su vida".
La carta concluye con una interpelación a la gobernadora a respaldar el camino para adecuar el protocolo local al marco jurídico existente y renovar su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y niñas de la Provincia.
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