
El artículo 86 del Código Penal es breve pero lo dice todo: "El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
La restricción es clara y coloca a la Argentina en el grupo de países en los que la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo considerada un crimen. Sin embargo, la experiencia indica que la penalización no inhibe este tipo de práctica: año tras año, miles de mujeres se someten a intervenciones clandestinas en las que literalmente se juegan la vida.
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El aborto inseguro -realizado en condiciones insalubres- sigue siendo la principal causa de muerte materna en el país: se estima que se realizan unos 500.000 ilegales por año y, según estadísticas del Ministerio de Salud, mueren más de 100 mujeres por año.
El mapa del aborto en el Mundo marca la diferencia entre los países desarrollados y los rezagados: en verde, los que permiten la interrupción voluntaria del embarazo; en naranja, los que ponen restricciones; en rojo, los que lo prohíben. América Latina está en sintonía con África y Medio Oriente.
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El escenario es complejo porque el aborto es un derecho nulo para quienes no quieren seguir adelante con un embarazo no deseado. Y en numerosas ocasiones ni siquiera es accesible para quienes estarían habilitados por la ley a interrumpir una gestación: la ONU alertó hace tres meses que en la Argentina esto ocurre y se da por falta de instrumentación de protocolos médicos, objeción de médicos y otro tipo de barreras judiciales.
De momento no hay indicios de que el escenario vaya a cambiar: fuentes parlamentarias detallaron a Infobae que en el Congreso se acumulan proyectos (ocho) referidos exclusivamente a los abortos no punibles y a los protocolos para atender estos casos. Y hay dos que promueven la despenalización, pero todo indica que no hay decisión política para avanzar en su tratamiento.
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Al menos eso cree Myriam Bregman, una de las legisladoras que apoyan la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la más importante de las que esperan en el Parlamento (la otra iniciativa es del FpV): "A pesar de ser un reclamo que cuenta con el apoyo de más de la mitad de la sociedad, los gobiernos de turno y los partidos mayoritarios siguen negándose" a aprobar en el Congreso un proyecto de ley que ya fue presentado en seis ocasiones. Esta iniciativa incluye a adolescentes entre los 13 y 16 años y prevé que la interrupción del embarazo pueda realizarse durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, en el sistema de salud público, privado y obras sociales.
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"Así como Cristina Fernández (de Kirchner) impidió por una postura-pedido que se diera un sólo paso en la legalización del aborto, Mauricio Macri sostuvo la herencia: ya dijo que bajo su Gobierno no se avanzará en ese aspecto", sentenció en diálogo con este medio la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). "Hay que respetar la vida", zanjó el jefe de Estado cuando fue consultado sobre el tema.
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La pelea entre los sectores conservadores y los que reclaman la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sumó en 2013 un actor protagónico: Jorge Bergoglio se transformó en Francisco, el primer Papa argentino de la historia. Y su figura sobrevuela –como elemento disuasorio- cualquier discusión sobre el aborto.
"Es un actor político fenomenal y esto juega mucho en lo dirigentes: nadie quiere pelearse con el Papa, y el que está peleado quiere arreglarse…", reflexionó Julia Martino, referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
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De todos modos, la representante del Partido Socialista no pierde la fe: "Sabemos que el Papa pesa y tenemos claro que los grupos conservadores se han fortalecido con él, pero siempre hemos tenido en contra a esos espacios y a pesar de ellos sacamos la ley de divorcio, se avanzó con la educación sexual… Tenemos 30 años de Democracia y creemos que podemos lograrlo".
El proyecto en cuestión –este año fue avalado por más de 40 diputados y 350 organizaciones- tiene estado parlamentario, pero no logra superar los filtros necesarios para ser tratado en el recinto: debe pasar por las comisiones de Legislación General, Penal, de Salud y de Familia. A la par, en el Parlamento corre una propuesta de la Red Federal de Familias que va en contra del aborto: se denomina "Ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer".
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"Vamos a insistir con que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se trate en las comisiones", reclamó Victoria Donda, una de las principales impulsores de la iniciativa: "Queremos que al menos se debata en ese ámbito antes de fin de año, es una deuda de la democracia con nosotras las mujeres".
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