
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), comentó detalles del proyecto de ley que el oficialismo envió al Congreso con el objetivo de cumplir con las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que la Argentina se sume como miembro. El proyecto apunta a juzgar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de soborno transnacional y en casos domésticos de corrupción.
Este viernes, Alonso disertó en el Taller "Transparencia, Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción" organizado por la Oficina Anticorrupción (OA), y que se llevó a cabo en el American Club de Buenos Aires. En el encuentro también expuso William Loo, Director de la División Anticorrupción de la OCDE.
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Alonso remarcó que uno de los objetivos del gobierno es el ingreso de la Argentina a este organismo de cooperación internacional por lo que se propuso cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE. Entre ellas, la adecuación de la normas vigentes para que se puedan sancionar no sólo a los individuos sino a las personas jurídicas que cometan delitos de corrupción.
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La funcionaria explicó que "cuando hablamos de personas jurídicas no sólo estamos hablando de empresas sino de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y otro tipo de figuras. Ni la AFA ni los clubes de fútbol van a estar fuera de esta legislación". La titular de la OA señaló que la iniciativa no busca penalizar sino incentivar buenas prácticas en materia de transparencia. Promueve que las empresas argentinas adopten las mejores prácticas y que pongan en marcha programas de integridad que no necesariamente requieren de una inversión gigantesca.
"Queremos poner al sector privado en una economía global y abierta en la que va a salir a competir al mundo con los mejores estándares de integridad y transparencia cuando busquen negocios en otros países", agregó Alonso.
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Del taller organizado por la Oficina Anticorrupción también participaron la Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico; el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart; el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez; la diputada Karina Banfi y los abogados especialistas en anticorrupción Natalia Volosin y Manuel Garrido.
Entre las instituciones que formaron parte del encuentro estuvieron la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), la Embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires, representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Cámara de Comercio Argentina-Británica (CCAB) y de el Club Americano de Buenos Aires.
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