El gobierno de San Juan dará de baja el polémico acuerdo por el megabasurero minero

Luego de varias idas y vueltas, críticas, respuestas, desmentidas y cruces, el gobierno de San Juan pondrá fin al polémico acuerdo con la minera chilena Los Pelambres, que creó una escombrera con material potencialmente contaminante, parte del cual fue depositado del lado argentino de la frontera.

El acuerdo en cuestión fue firmado el 28 de abril. En rigor de verdad, materializó una medida cautelar ordenada por la Justicia: el aislamiento de la escombrera hasta que la Justicia decida si tiene que ser removido o no. Hubo varios puntos grises, pero lo que más ruido hizo fue un hallazgo que Infobae publicó en junio: que limitaba a 10 años la responsabilidad de la minera por la calidad de la obra.

Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial señalaron a este medio que hace varias semanas el gobernador Sergio Uñac le hizo saber a la canciller Susana Malcorra que estaba dispuesto a dejar caer el pacto si obstaculizaba las tibias negociaciones que se estaban llevando a nivel bilateral, que formalmente se limitaron al envío de una carta, pero que, según el gobierno, se sucedieron a lo largo de una serie de reuniones.

Lo cierto que es que recién hoy el fiscal de Estado que había firmado el acuerdo, Guillermo De Sanctis, le envió una nota a Uñac pidiéndole la recesión del convenio. De Sanctis es un defensor de los intereses mineros en la provincia, al punto que en su momento logró frenar la aplicación de la ley de glaciares en San Juan.

El propio Uñac confirmó que el acuerdo está caído y desde su entorno aseguraron a este medio que la decisión será formalizada en un decreto, en el que explicará sus argumentos y pedirá que se tomen medidas adicionales.

Esos fundamentos tendrían que ver con las supuestas declaraciones de directivos de la minera chilena en el sentido de que con el aislamiento de la escombrera el tema quedaría resuelto.

Ante la consulta de Infobae, desde Minera Los Pelambres aclararon que aún no recibieron una notificación oficial. "Nuestra posición siempre ha sido colaborar en la solución de un problema que no es de nuestra responsabilidad", añadieron, en el sentido de que la instalación del botadero fue autorizado por el gobierno chileno.

De hecho, en un comunicado emitido el lunes, la empresa recordó que obtuvo "todos los permisos ambientales y mineros requeridos de acuerdo a la legislación chilena".

En esa nota de prensa, la minera reiteró que "el material depositado en la escombrera es roca inerte y que los informes técnicos existentes no dan evidencia de contaminación derivada de la misma". Un día antes, Infobae había publicado por primera vez un análisis elaborado por el Servicio Geológico Minero que detectó la presencia de metales pesados en valores no recomendados para el consumo humano y animal en los cursos del valle de la Carnicería, donde nace un curso de agua que alimenta el río San Juan.