Finalmente, el oficialismo consiguió el dictamen para avanzar con las reformas al Ministerio Público Fiscal (MPF) y recortarle facultades a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Fue tras un acuerdo con el Frente Renovador en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda.
A partir de este dictamen, oficialismo y oposición apuntan a tratar el proyecto en la Cámara de Diputados la semana que viene, el miércoles 26.
Según el pre dictamen que circuló en las últimas horas, el objetivo del oficialismo es ponerle un límite de cinco años (con posibilidad de extenderlo otros cinco) a la duración del Procurador General en el cargo (actualmente el puesto es vitalicio).
De esta forma, el Gobierno busca que Gils Carbó deje su cargo en 2017, ya que fue nombrada por Cirstina Elisabet Kirchner en 2012, y Mauricio Macri no tiene intención de perpetuarla en su cargo.
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Además, Cambiemos y sus aliados quieren darle más poder a la comisión bicameral que controla el funcionamiento del MPF, encabeza por la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño.
Las modifiaciones incluídas en el proyecto, que el Gobierno pensó con la mira puesta en Gils Carbó, le permitirán a la comisión encabezada por Camaño revisar los nombramientos de los fiscales de distrito; y crear el Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que asesorará al Procurador, propondrá fiscales para distintos cargos, y podrá convocar y aprobar concursos públicos.
Además, con aprobación de la comisión bicameral, el Consejo General podrá decidir el traslado de cualquier fiscal, y también promover el juicio político contra cualquier funcionario del MPF.
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El descargo de Gils Carbó
Infobae accedió a un documento que la procuradora General de la Nación hará público por la noche, y que contiene el descargo de la titular del MPF frente al dictamen que logró el oficialismo en Diputados.
El texto se llama "Principales problemas del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del MPF – Octubre 2016″, y acusa al oficialismo de "animosidad" contra su persona. Gils Carbó dice que las nuevas reglas para regular la duración del mandato del procurador General y facilitar su remoción "afectan la autonomía del MPF y la independencia judicial".
La procuradora General también rechazó las facultades que tendrá la Comisión Bilateral, y dijo que la injerencia del cuerpo presidido por Graciela Camaño "burocratiza la toma de decisiones en asuntos que pueden requerir un tratamiento urgente".
Por otro lado, criticó la potestad que el proyecto le concede al ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo para participar en los nombramientos de nuevos fiscales, y para intervenir en "los lineamientos de la política de persecución penal del MPF".
Gils Carbó rechazó además la "incorporación de una prouraduría especializada en terorismo" con el argumento de que "podría resultar un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales, etc".
Por último, la procuradora General enumeró una serie de temas que competen al MPF que, según ella, no son contemplados por el proyecto oficial: "nula mención a la política criminal contra la violencia de género"; "omisión de la Unidad Fiscal AMIA"; "omisión de la Dirección de Derechos Humanos"; "omisión de otras Unidades Fiscales Especializadas"; "omisión del Programa de Derecho al Trabajo"; y "omisión del programa de Consumidores".
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