Así reasigna fiscalías en forma irregular Alejandra Gils Carbó

El 22 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo Nacional firmó un decreto por el cual designó a Juan Pedro Zoni como Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero. Esa fiscalía se había creado a través de la ley 26.710 que prevé expresamente que quedaría habilitada una vez que se contara con la partida presupuestaria correspondiente. Además establece que los magistrados, funcionarios y empleados que se designen sólo tomaran posesión de sus cargos una vez concretada la asignación financiera.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó ordenó recibir juramento a Zoni y -no sólo eso- lo asignó a cumplir funciones en la Fiscalía Federal Nro. 8, con sede en la ciudad de Buenos Aires. No conforme con esto, Gils Carbó fue aún más allá: el 27 de agosto de 2015 dictó una resolución por la que dispuso, a partir de esa fecha, el traslado definitivo de Zoni a la Fiscalía Nro. 8 para que se desempeñe ya no como subrogante sino como titular de la misma. Gils Carbó designó a Zoni en un cargo para cuyo acceso la ley prevé un concurso público y la participación de diferentes poderes del Estado. Nada de eso había ocurrido.  

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Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Procuradora sólo puede tomarle juramento a un fiscal cuando éste toma posesión del cargo. Este requisito no estaba cumplido, ya que Zoni recién podía asumir una vez asignada la partida presupuestaria para el funcionamiento de la fiscalía. Está claro que las leyes no le otorgaban a Gils Carbó facultades para obrar como lo hizo. El mismo día en que la Procuradora General tomó juramento a Zoni dejó constancia en otra resolución que lo había hecho respecto de una fiscalía que todavía no estaba habilitada.

Pero no terminó ahí la serie de desaguisados como consecuencia del accionar de la Procuradora. El mismo día que fue confirmado en la Fiscalía Nro. 8 de la Capital por Gils Carbó, Juan Zoni firmó un dictamen en el que pidió que llamen a indagatoria por lavado de dinero a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman. Además solicitó un embargo de 80 millones pesos sobre sus bienes, congelamiento de activos y otras medidas cautelares. Los abogados de Garfunkel y Nisman denunciaron que Zoni -el fiscal designado por Gils Carbó- accedió a registros y documentos informáticos sin permitirle el debido control y participación a la defensa de las mujeres.

"Una persona que concursó para un cargo, terminó ocupando en forma definitiva otro cargo distinto, contradiciendo las disposiciones constitucionales y legales que rigen los concursos, la voluntad concreta del titular del Poder Ejecutivo Nacional y el acuerdo específico brindado por el Senado", destacó el camarista Eduardo Farah al resolver un planteo de nulidad que hicieron los defensores de Garfunkel y Nisman.