El ex subsecretario de la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi, uno de los hombres de confianza de Carlos Zannini, es investigado por la justicia por incrementar 38 veces su patrimonio entre 2003 y 2012, acusado de enriquecimiento ilícito. A principios de año, el juez Luis Rodríguez había dictaminado su sobreseimiento, pero la Cámara Federal resolvió anular ese fallo, por lo que la defensa del ex funcionario presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia la que se expida en el caso.
Ante esta situación, en las últimas horas Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, junto a la abogada del organismo Tamara Pavlosvky, solicitó a la Cámara que "se declare inadmisible este recurso extraordinario" y pidió que avance la investigación judicial contra Liuzzi, que pasó de tener 265.000 pesos en 2003 a declarar 7.482.000 de pesos en 2014.
Entre los argumentos de la presentación, Alonso planteó que "el recurso intentado no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", ya que se trata de un "sobreseimiento invalidado" que nunca quedó firme por no haber cumplido con la ley al no haberle dado intervención a la OA.
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Según el organismo, el sobreseimiento determinado por el juez Rodríguez fue "apresurado, ya que demoró su obligación de informar a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por lo que se venció el plazo para apelar la resolución".
"A juicio de esta querella, al haberse impedido una intervención eficaz de la PIA o de la OA, lo decidido nunca adquirió calidad de cosa juzgada, puesto que se violó abiertamente lo dispuesto en la Ley de Ministerio Público, la ley de creación de la Oficina Anticorrupción y el artículo 36 de las Naciones Unidas contra la corrupción", señala el escrito, y agrega: "El trámite cuestionado no fue un auténtico y verdadero proceso judicial, tal como pretende la defensa".
Liuzzi, cuando aún era funcionario, fue el que había llamado en diciembre de 2013 al entonces juez federal Norberto Oyarbide para detener el allanamiento en una financiera (Propyme). Con el correr de los meses, la justicia determinó el vínculo que lo conectaba con el dueño, Guillermo Greppi.
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