Río Turbio: ordenan que De Vido y Peralta sigan siendo investigados por sobreprecios

La Cámara Federal revocó los sobreseimientos del ex ministro y del ex gobernador por prematuros

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Julio de Vido en la comision de Energia (Télam)
Julio de Vido en la comision de Energia (Télam)

La Cámara Federal ordenó que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, sigan siendo investigados por el presunto pago de sobreprecios en la construcción de Obra Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio.

Los camaristas Martín Irurzun y Mauro Divito calificaron de "prematuros" los sobreseimientos que el juez Claudio Bonadio les dictó a De Vido, Peralta y a los ex subsecretarios de Medio Ambiente de Santa Cruz, Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata de la la central termoeléctrica más grande del país que construyó la empresa Isolux Corsan SA., durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La obra comenzó su licitación en octubre de 2006 con un presupuesto de 1.506.931.200 de pesos y que se fue incrementando hasta alcanzar los 4.213.041.983. La causa se inició por una denuncia de diputados de la Coalición Cívica.

"Cabría preguntarse las razones por las cuales se efectuó un llamado a licitación cuyo presupuesto fue fijado por un comité de especialistas de la Universidad Nacional de La Plata designado al efecto en base a valores del año 1996, para pocos meses después, y ya con las ofertas preseleccionadas, advertir el 'desajuste de los cálculos' e incrementar su costo considerablemente", sostuvo el juez Irurzun en su voto.

 

Un peritaje determinó que no hubo sobreprecios y que la obra se ejecutó bajo los parámetros establecidos, pero en su voto el camarista Divito sostuvo que ese informe "se llevó a cabo hace más de cinco años -la inspección del lugar fue entre los días 9 y 13 de mayo de 2011-, mientras la obra se encontraba en plena ejecución".

Los camaristas también destacaron que la empresa recibió como adelanto ocho pagarés del gobierno nacional por 142.000.000 de dólares, previo a presentar el informe de impacto ambiental.

Por su parte, la camarista Mirta López González ratificó el criterio del juez Claudio Bonadio, que sobreseyó a los acusados en base al peritaje que descartó irregularidades y cuyo trabajo calificó de "amplísimo y completo".

"El estudio pertinente explicó, a mi criterio, claramente las razones de esa variación, la volatilidad y corrida de los precios nacionales e internacionales de las maquinarias y equipamientos que debían instalar y los materiales que de hecho se adquirieron, justificando legal y contractualmente la corrección y adecuación de los parámetros de actualización y recalculo a esa última fecha", sostuvo la magistrada.