Las claves del proyecto del PRO para modificar las reglas del financiamiento político

En medio de las negociaciones con las otras fuerzas respecto de la reforma política, cuyo trámite parlamentario podría arrojar novedades esta semana, y después del desorden y las múltiples irregularidades de las campañas de los últimos años, el Gobierno avanza en el borrador con los cambios a la ley de financiamiento de los partidos políticos, un proyecto crucial de cara a las legislativas del 2017.

Según confiaron a Infobae fuentes con acceso al borrador, el proyecto contempla cambios vinculados a la operatoria bancaria de los aportes de campaña, a las donaciones empresarias -hoy prohibidas durante el período electoral por la normativa vigente- y a los topes de las mismas, y a la responsabilidad de los candidatos respecto de la recaudación de sus fuerzas políticas. El documento, que pertenece a la cúpula del PRO, es negociado por estos días con el radicalismo y la Coalición Cívica, los otros dos partidos que integran la coalición de gobierno.

La ley vigente contempla en su artículo 20 la apertura de una "cuenta corriente única". "Los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren a nombre del partido", regula la normativa actual. La misma regulación corre para las alianzas electorales. En ese sentido, el proyecto incorpora la opción de abrir más de una cuenta para la recaudación de fondos y la posibilidad de hacerlo en la banca privada y no solo en los bancos públicos. "La idea es liberar las cuentas", explicaron en la Casa Rosada. Prefieren ese concepto antes de rotular a la modificación como una "privatización" de la recaudación.

El borrador del oficialismo incluye además la idea de controlar los aportes a través de los mismos bancos: la modificación contempla al cheque o a las transferencias bancarias como únicas opciones para aportar dinero a las campañas políticas. La bancarización del sistema, uno de los principales pedidos de organizaciones como CIPPEC o Poder Ciudadano: las donaciones en efectivo ya no estarían permitidas.

En las elecciones del año pasado, según la rendición de los partidos presentadas ante la Justicia Electoral, casi todos los aportes fueron en efectivo. Según la información publicada por la Cámara Nacional Electoral, Cambiemos recolectó en las elecciones del año pasado aportes por algo más de 67 millones de pesos, mientras que el Frente Para la Victoria registró ingresos por algo más de 26 millones de pesos. El mayor aportante a la campaña presidencial del 2015 fue Mauricio Macri: según los registros donó 2 millones de pesos. En efectivo.

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El proyecto, en el que trabajan la diputada Silvia Lospennato -especialista en el rubro- y el apoderado del PRO, José Torello, también le abre la puerta a los aportes empresarios, prohibidos tras la sanción en diciembre del 2009 de la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que modificó el régimen de financiamiento de las campañas electorales y reguló la publicidad.

La propuesta apunta no sólo a elevar el tope de las donaciones, sino que podría segmentar los aportes de acuerdo a la capacidad de contribución de las personas jurídicas. "La idea es transparentar todo, y acabar con el flujo de dinero negro. Si una campaña cuesta 1.000 millones de pesos, que haya aportes en blanco por 1.000 millones de pesos", explicaron desde el PRO.

En esa línea, el borrador también apunta a cargarle más responsabilidad a los candidatos en relación a la recaudación en torno a sus postulaciones. Se estudia la posibilidad de sancionar y hasta inhibir a aquellos postulantes cuyas campañas estén atravesadas por delitos o irregularidades.

El proyecto de reforma del financiamiento político es vital si es que el macrismo apunta a un genuina transformación de la financiación de los sistemas electorales. Macri es consciente de que la campaña que lo llevó a la Presidencia el año pasado estuvo signada por irregularidades, igual que el resto de las fuerzas partidarias. De hecho, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) puso la lupa en su campaña, como en la de Daniel Scioli y en la de Sergio Massa.

Según los balances presentados a la Justicia, Cambiemos gastó el año pasado en las elecciones generales -sin contar las PASO- poco más de 92 millones en publicidad y cuestiones operativos, más algo más de 6 millones en impresión de boletas, cifras ostensiblemente inferiores a las reales. Por algo, las cúpulas partidarias hablan de 1.000 millones de pesos. El Frente Para la Victoria cayó en el mismo vicio: presentó gastos por sólo 60 millones de pesos. La implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE), resistida por algunos actores políticos, elimina el gasto en boletas y facilita la logística de los partidos.

Torello fue el encargado, por estos días, de consensuar el proyecto con el radicalismo y con la mismísima Elisa Carrió, que en los últimos años había sido reticente, por ejemplo, a los aportes empresarios. Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, es el otro funcionario al tanto del proyecto y otro de los que negocia el borrador con el resto de las fuerzas políticas, como el PJ o el Frente Renovador.

La idea primaria del Gobierno, ahora en duda por los tiempos políticos y parlamentarios, era la de enviar al Congreso antes de fin de año este proyecto junto a la Ley de Gestión de Intereses, la llamada "ley del lobby", que está mucho más avanzada: ya está terminada y en revisión de la Secretaría Legal y Técnica. El espíritu de esta última apunta a transparentar y dejar constancia de todas las reuniones de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los legisladores con los distintos actores del sistema. Luego de una ronda de consultas, se desactivó la creación de un "registro de lobbistas", una de las objeciones de las cámaras empresarias.