Con Omar "Caballo" Suárez detenido por presunto lavado de dinero y extorsión, ahora todos los reflectores de la Justicia apuntan a Antonio Caló, el histórico secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La Justicia espera una pericia clave.
El ex integrante de la conducción de la CGT hasta el mes pasado está imputado por lavado de dinero en el marco de una causa en la que se lo investiga, junto a otros dirigentes de la conducción de la UOM, por irregularidades en la administración de los fondos recaudados por seguros de vida y sepelios de los afiliados del gremio.
La imputación, además de la inhibición de bienes del jefe metalúrgico, fue dispuesta por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales ante el juez Pablo Yadarola, a quien la representante del Ministerio Público solicitó una investigación ya que los sindicalistas imputados habrían cobrado u$s 20 mil mensuales entre 1987 y 2008, que correspondían al 20% de la recaudación de aportes específicos para el personal metalúrgico.
En marzo último, Yadarola, titular del Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro. 2, ordenó una pericia contable a los libros del Instituto del Seguro -secuestrados en uno de los tantos allanamientos- y fijó un plazo máximo de 180 días para que cinco expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires determinen si hubo irregularidades. Y si así fuera, de qué tipo y si estas tienen relación con la investigación. El plazo se cumple este mes y Yadarola espera que en estas semanas llegue el informe.
El magistrado quiere determinar la variación del patrimonio del Instituto desde 1987 a 2014, ingresos y egresos, disposiciones líquidas en moneda nacional y extranjera y los depósitos que recibió de la UOM por seguro de vida y sepelios. Ese Instituto, dependiente de la conducción del gremio, es quien administraba los fondos investigados. La Justicia quiere saber si, efectivamente, se dispararon partidas a 23 dirigentes del gremio.
A Caló lo complicó un arrepentido y eso mismo es lo que la da valor a la causa ya que se trata de un testimonio clave. El ex jefe de sector de legales de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba admitió haber participado de la defraudación. Córdoba hizo esta afirmación en el juicio abreviado por el que fue condenado en 2015 a un año y nueve meses de prisión tras ser detenido en la terminal de Buquebus cuando trataba de llevarse 800.000 dólares al Uruguay.
En sus distintas declaraciones, Córdoba involucró a Antonio Caló y a otros dirigentes de la UOM, incluso a los ex intendentes bonaerenses, Francisco "Barba" Gutiérrez y Hugo Curto, de haber participado en la estafa. De confirmarse la operatoria, Caló y su plana mayor habrían recaudado, por lo menos, más de un millón de dólares.
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