
El fiscal federal Federico Delgado presentó una nueva denuncia contra el ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, por "uso indebido de bienes del Estado" en beneficio personal, en relación al manejo de pasantías firmadas con universidades y los vehículos del organismo, entre otros aspectos.
Según la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, el ex funcionario se quedaba con parte del dinero de los convenios por pasantías firmados con distintas universidades nacionales, como la UBA, la Universidad de San Martín y Tres de Febrero.
"La corrupción estaba, por ejemplo, en que se firmaban pasantías por 20 alumnos, cuando en realidad sólo ingresaban a trabajar 10. El dinero de las otras 10 vacantes se lo distribuían entre los funcionarios y las universidades", dice el texto de la presentación, al que tuvo acceso Infobae.
Además, López está sospechado de utilizar los choferes bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas para el traslado de sus familiares. Es decir, se habría aprovechado de manera indebida de los recursos del Estado.
"Incluso, (los choferes) trasladaban a los secretarios privados de José López, Hugo Néstor Opromolla y Oscar Victorio Saranzotti, cuando se ocupaban de sus asuntos personales y de las cuestiones familiares del funcionario (por ejemplo, iban hasta el departamento de su padre, Blas López, y lo llevaban a dar un paseo). En algunos casos, la labor de los choferes se extendía al traslado del personal doméstico del círculo familiar de José López", expresa la denuncia de Delgado, que recayó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Sobre este punto, el fiscal detectó que los vehículos eran propiedad de distintas concesionarias viales, como Ecodyma, Benito Roggio, Concesionario Vial 1, Concesionario Vial 3, entre otras. Según el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), no hay registrado "convenio y/o resolución alguno mediante la cual las empresas de construcción vial le asignaban automóviles a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación".
En otras palabras, las concesionarias quedaron vinculadas a maniobras de corrupción con el Estado, ya que se trata de firmas que debían ser controladas por López. Con el dato brindado por los choferes, hay una presunción de que pudo haber existido un intercambio redituable entre el ex secretario y las contratistas.
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Por último, Delgado se hizo eco de lo declarado por colaboradores de López quienes aseguraron que la seguridad privada de su casa de Dique Luján, en Tigre, era pagada por la empresa estatal Aysa. En esta operación "podrían haber tenido participación una concesionaria del estado nacional y un sindicalista" ligado al gremio de Obras Sanitarias, de Jose Luis Lingieri. De comprobarse, es un hecho que entra en contradicción con la ley de ética pública.
Todos estos elementos surgieron de las declaraciones testimoniales que citó Delgado para reconstruir los pasos previos de José López al monasterio de General Rodríguez, donde fue detenido con un bolso con 9 millones de dólares y un fusil.

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