Qué es la figura de "flagrancia" aprobada por el Senado y que apunta a una rápida condena para delincuentes

El Senado convirtió esta tarde en ley el proyecto que incorpora la figura de flagrancia, con el objetivo de que se realicen juicios abreviados y con una rápida condena. La iniciativa recibió el visto bueno de 63 legisladores y el rechazo de tres. Como ya tenía media sanción, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El espíritu del proyecto busca que se juzgue con mayor celeridad a los delincuentes aprehendidos en el momento de cometer el delito, lo que comúnmente se denomina "in fraganti".

La figura sólo se podrá utilizar para aquellos ilícitos con penas menores a quince años y el objetivo es que esos juicios sean abreviados y tengan una rápida condena.

El texto establece que "el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención", prorrogables por otras 24.

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Cambiemos, el radical Ángel Rozas, defendió esta tarde la normativa y refutó las críticas que apuntan a la forma en que se vino tratando el tema, sobre todo en la Cámara Baja. Sostuvo que "a la flagrancia no se la trató de manera apurada" y rechazó que se pueda utilizar la figura para reprimir a la protesta social", tal como algunos senadores indicaron en el recinto.

En esa senda, el senador por el Frente para la Victoria, Rodolfo Urtubey, aclaró que la figura de flagrancia excluye las manifestaciones sociales, pero aclaró que "rige para el desaforado que no forma parte de la militancia social, sino para cometer delitos".

Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, del Frente para la Victoria, advirtió que la norma permite "dotar a los jueces de una herramienta sencilla y eficaz" y que "el desarrollo de la etapa probatoria no puede superar los 40 días".

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Por otro lado, el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobado por el Senado de la Nación, pero devuelto a la Cámara de Diputados ya que se le introdujeron algunas modificaciones a pedido de la oposición.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero en particular se le introdujeron modificaciones en virtud de que la oposición logró imponer su mayoría.

Entre los cambios, los más importantes son los que incluyen entre los entes que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Otro de los cambios establece que el director de la Agencia de Información Pública podrá ser designado por el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.