La Justicia amplió el procesamiento de López y pidió que se investiguen sus relaciones con la Iglesia

El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del ex funcionario kirchnerista José López por el delito de enriquecimiento ilícito y elevó el embargo que ya le había trabado a $220 millones, al atribuirle como propio el terreno y la casa de Dique Luján, que fue tasada en USD 700 mil.

En una extensa resolución de más de 700 páginas, el magistrado dispuso además el procesamiento de la esposa del ex secretario de Obras Públicas, María Amalia Díaz, como partícipe necesaria en el delito que se le imputa a su marido. Es que de acuerdo con la investigación realizada por Rafecas, la mujer participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio familiar a sabiendas de que "los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario" del otrora funcionario kirchnerista.

En el mismo acto procesal, el juez procesó también como partícipes necesarios a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes aparecían en los papeles como supuestos dueños de la casa de Tigre pero que en realidad eran testaferros de los negocios de López.

Para llegar a esa conclusión, el magistrado comparó la fachada de contrafrente de la casa de Dique Luján con la residencia de la familia López en la provincia de Santa Cruz y se encontró con una increíble semejanza. El arquitecto que realizó la obra, Federico Curcio, declaró que diseñó el contrafrente de la casa de esa manera por pedido de Díaz.  

La gran beneficiada de la resolución de Rafecas es la hermana Celia Inés Aparicio, quien recibió la falta de mérito luego de que el juez entendiera que no hay pruebas para procesarla o sobreseerla.

El nexo con la Iglesia, en la mira

A partir del hallazgo de una gran cantidad de documentación en el monasterio de General Rodríguez, que reflejan una relación muy intensa y particular con la Secretaría de Obras Públicas a cargo de López, que incluían pedidos y concesiones de sumas de dinero de las arcas públicas con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del fallecido obispo Rubén Di Monte, ante la posible comisión de delitos relacionados con desvíos de fondos o entregas de dinero en forma irregular, Rafecas denunció penalmente esta situación, por lo que en las próximas horas se sorteará un Juzgado Federal para que investigue estos sucesos en forma independiente.