Las amenazas telefónicas y las agresiones que recibió el presidente Mauricio Macri durante una recorrida por un barrio de Mar del Plata pusieron en tela de juicio el funcionamiento de los operativos de seguridad que, junto a los traslados del mandatario, son competencia de la Casa Militar. El organismo que depende del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, debe coordinar con el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Prefectura, Gendarmería, y las policías locales de los lugares que Mauricio Macri visita.
En este marco, el Ejecutivo resolvió ordenar el servicio de custodia presidencial. En el Boletín Oficial de este martes, oficializó el nuevo protocolo "Del servicio de protección del Estado y custodia", que estará a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que tiene por objeto "establecer las pautas de organización" de la seguridad presidencial.
Entre otros puntos, la resolución –firmada por Bullrich- instruye al jefe de la Policía Federal Argentina "a coordinar y disponer dentro de sus facultades", el Servicio de Protección de Estado y Custodia, que funcionará en la órbita del Ministerio de Seguridad. "La resolución organiza los recursos de las policías", advirtió la funcionaria a Infobae.
Además, en el artículo 5, se afirma que el servicio "es de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia", aunque estipula que si "el custodiado pretende prescindir del servicio, deberá notificar fehacientemente su voluntad ante las autoridades de la Fuerza de Seguridad".
También, y en consonancia con el pedido de Macri de que su seguridad sea la menor posible, "por un tema de no perder cercanía y por una cuestión de austeridad, porque cuantos más viajan más se gasta", de acuerdo señalaron desde Casa Rosada en más de una ocasión, al funcionario que "haga uso del servicio de manera intermitente" se le procederá a retirar el servicio de protección de estado y custodia.
Este servicio de custodia y protección "se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven". La resolución entrará en vigencia en un mes.
Por otro lado, el protocolo dispone de "tres niveles de protección de Estado y Custodia", cuyos recursos humanos "podrán ser incrementados o reducidos, de manera definitiva o transitoria, cuando situaciones de excepción eleven o minimicen la hipótesis de amenaza sobre el custodiado, o si la custodia se estableciera o modificara por disposición fundada de la justicia".
Según establece, en el primer nivel estarán "el presidente, el vicepresidente y sus núcleos familiares respectivamente"; en un segundo término, el "jefe de gabinete, ministro de seguridad y secretario de seguridad"; y por último, "los ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad considere, y los ex presidentes de la Nación".
La resolución:
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