
No hay paz para los glaciares. Un grupo de ambientalistas denunció que el glaciar Toro 1 -por cuya contaminación fue frenado el proyecto binacional Pascua Lama, de Barrick Gold- quedó afuera del inventario de glaciares, ya que los encargados de confeccionarlo adoptaron una serie de definiciones que no figuran en la ley.
El Ianigla es el instituto encargado de confeccionar el inventario de glaciares. Para ello, sus autoridades crearon un documento en el que decidieron que sólo incluirán las masas de hielo que cumplan ciertas características y tengan más de una hectárea, pese a que la ley 26.639 protege los glaciares "cualquiera sea su dimensión".
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De esta forma, según la denuncia que hoy llegó a la Corte Suprema y a la que Infobae tuvo acceso, quedará afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama.
Lo paradójico es que justamente Pascua Lama, que está repartido entre Argentina y Chile, fue frenado por la Justicia trasandina porque, entre otras cosas, se confirmó la presencia de una capa de partículas de unos centímetros de espesor sobre los glaciares Toro 1 y Esperanza, provocada por la construcción de caminos hacia el yacimiento.
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"Es decir que en el país trasandino, donde no existe ley específica de protección de glaciares, no importa su dimensión o superficie para adoptar medidas de protección sobre los mismos, y aquí, en el nuestro, donde sí existe una Ley de Glaciares y la ley no distingue superficie o dimensión, el organismo encargado de inventariarlos los excluye", concluye el escrito presentado hoy ante la Corte Suprema con la firma del abogado sanjuanino Diego Seguí, en el marco de una causa en la que se ventila el incumplimiento de la ley 26.639 en Pascua Lama, ya que el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold reconoce que su yacimiento está en zonas prohibidas por la ley.
En el Ianigla defendieron su decisión de apartarse de la ley votada por el Congreso. "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales", explicó a Infobae el coordinador del inventario, Gustavo Costas.
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Los ambientalistas descreen de ese argumento, porque aseguran que basta con abrir Google Maps para saber que se pueden ver hasta las piletas de las casas y porque las limitaciones podrían salvarse con trabajo de campo.
Conscientes de esta situación, un grupo de vecinos de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de las asambleas antimineras de Mendoza se reunieron el 11 de julio con las autoridades del Ianigla para conocer su opinión. En ese encuentro, Costas y el resto de su equipo reconocieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo.
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Algo que llamó la atención de los asambleístas y fue remarcado en el escrito es que el propio Costas aseguró que el documento del Ianigla es "como la ley", cuando no debería ser necesario aclarar que las normas las hace el Congreso.
Por otra parte, las autoridades del Ianigla insistieron con que los glaciares debían cumplir el requisito de ser un "recurso hídrico estratégico". Sin embargo, la ley en ningún momento lo menciona. Lo único que hace, en su artículo 1, es aclarar que una de las finalidades de la regulación es "preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque también enumera otros fines: cuidarlos como "fuente de información científica" y "atractivo turístico", y para "proteger la diversidad". En otras palabras, aún si no fueran un "recurso hídrico estratégico", la ley ordena que sean preservados de las actividades extractivas.
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Otro tema que se discutió en la reunión con los ambientalistas fue la decisión del Ianigla de no cumplir con el primer paso que debería haber dado de acuerdo con la ley. La norma le daba 180 días al instituto para hacer un inventario de las áreas prioritarias, en particular, las que ya estaban siendo explotadas, pero nunca se cumplió. ¿La excusa? "Eso no es responsabilidad nuestra, porque ahí la Secretaría de Ambiente de la Nación fue la encargada de invitar a las provincias. En varias ocasiones envió cartas a las gobernaciones. En diciembre de 2011 sólo había contestado Tierra del Fuego diciendo que no tenían áreas prioritarias. Entonces empezamos por donde había mayor presunción de hielo", argumentaron las autoridades. La pregunta que no pudieron responder es en qué lugar de la ley dice que tenían que consultar a las provincias.
Según pudo averiguar Infobae a partir de tres fuentes, en realidad las autoridades de Ianigla prefirieron esquivar un problema, ya que al menos desde San Juan les habían dicho de manera informal que no los iban a dejar ingresar en territorios mineros. ¿Qué hicieron? Tirarle la pelota a la Secretaría de Ambiente y no ir al choque. Esto coincide con un argumento deslizado por los ambientalistas: si los satélites no bastan para ver un glaciar inferior a una hectárea, en las zonas explotadas, como en Pascua Lama o Veladero, ¿por qué no hicieron visitas de campo?
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El inventario de San Juan, probablemente uno de los que más dará que hablar, ya fue enviado por el Ianigla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde se comprometieron a publicarlo este año, según le confirmó a este medio en una reciente entrevista el titular de la cartera, Sergio Bergman, aunque no dio precisiones de la fecha. El abogado Seguí asegura que lo vio y que el glaciar Toro 1 no figura. En la reunión, las autoridades del instituto les preguntaron a los asambleístas si estaban seguros y tejieron un manto de duda sobre la afirmación. Pero si se apegan a sus palabras, lo cierto es que no deberían incluirlo.
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