El Gobierno aguarda la definición que hoy deberá hacer la Corte Suprema de Justicia sobre un recurso extraordinario presentado por el oficialismo por las subas en el gas. Este miércoles, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, avaló el fallo de la Cámara Federal de La Plata que frenó el aumento en las facturas. Ahora, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti tienen la última palabra.
El fallo de la Corte genera expectativa ya que si no aprueba los aumentos tarifarios, forzaría al Gobierno a un plan alternativo y se vería obligado a reestablecer los subsidios multimillonarios, incrementándose todavía más el déficit fiscal del Estado.
En este marco, horas antes de la definición de hoy, el presidente Mauricio Macri deslizó una advertencia: "Sin energía no hay futuro". Asimismo, recalcó que el Gobierno va "por el camino correcto".
Este miércoles, el jefe del bloque del PRO de Diputados, Nicolás Massot, alertó que "si el fallo es adverso, no quedaría otra que endeudarse o emitir moneda y generar más inflación". En ese sentido, lamentó que "el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40% al infinito", ya que los subsidios representan "siete de cada diez pesos que se emiten desde el Banco Central, generando inflación".
Más optimista fue el análisis del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina: "Creemos que la Corte va a mantener un equilibrio prudente entre la necesidad de reacomodamiento tarifario, que es innegable -la mayoría de los argentinos sabe que las tarifas estaban extremadamente retrasadas-, y una razonabilidad desde el punto de vista de esas tarifas para que lo pueda pagar el conjunto de los argentinos, en particular los más pobres".
Precisamente, según trascendió el miércoles por la noche, la Corte hará foco en la razonabilidad de los aumentos, al reconocerle al Gobierno la capacidad de fijar los precios de la tarifa del gas. De todos modos, el máximo tribunal establecería un límite para los aumentos que impulsa Cambiemos.
Además, la Corte Suprema haría hincapié en la legalidad del incremento, es decir, conduciría al Gobierno a la necesidad de llamar a audiencias públicas para determinar los nuevos valores. Hasta ahora, el oficialismo había argumentado la falta de audiencias debido a que se trató de aumentos transitorios.
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