Los cuatro ejes de la acusación contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Lázaro Báez pasó de ser monotributista a dueño de una empresa que se iba a transformar en la más beneficiada entre las constructoras de Santa Cruz. Para eso, primero en la presidencia de Néstor Kirchner y después en la de Cristina Kirchner pusieron a gente de confianza en los puestos clave de la obra pública. Y una vez que se formó esa estructura concentraron la mayoría de los contratos viales en Santa Cruz y direccionaron la adjudicación de las obras a las empresas de Báez.

En esos cuatro ejes se centra lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional". El cierre de esos círculos es el retorno a la familia Kirchner del dinero que Báez recibía mediante el alquiler de distintos inmuebles, como por ejemplo los hoteles de la firma "Hotesur". Entre 2008 y 2013, el empresario le pagó a los Kirchner cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos por el alquiler de habitaciones y la explotación del hotel Alto Calafate.

1) La inserción del amigo personal en el negocio de la construcción
El 14 de mayo de 2003, Carlos Menem se bajaba del ballotage y así Néstor Kirchner quedaba consagrado como nuevo Presidente de la Nación. Apenas seis días antes, Lázaro Báez conformó con otros dos socios la empresa Austral Construcciones. Báez aportó tres mil pesos para quedarse con el 25 por ciento del capital de la sociedad. Once años después, en 2014, Austral Construcciones tenía activos por 1.700 millones de pesos y un patrimonio de más de 300 millones.

Para los fiscales, ese fue el primer acto de la maniobra delictiva que duró hasta diciembre del año pasado, cuando el kirchnerismo dejó el poder.

Báez pasó de ser monotributista a integrar una empresa que sería la principal de la obra pública en Santa Cruz. Eso solo fue posible porque era "amigo y socio comercial de la ex familia presidencial", según la definición de Pollicita y Mahiques.

2) La exportación de la estructura provincial a nivel nacional
El segundo de los cuatro pasos fue poner en las áreas clave de la obra pública a funcionarios de la máxima confianza de los Kirchner.

Para eso el presidente saliente, Eduardo Duhalde, creó un día antes de la asunción de Kirchner el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, donde asumió Julio De Vido, quien había acompañado a los Kirchner en Santa Cruz.

Los fiscales describieron a De Vido como "cabeza de un engranaje estable que, con los mismos nombres y durante los doce años, garantizaría el éxito del fin buscado".

Pero no estuvo solo. José López fue designado secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti al frente de la Dirección Nacional de Vialidad; y Carlos Kirchner, primo del entonces presidente, en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal.

De Vido, López –detenido con nueve millones de dólares y procesado por enriquecimiento ilícito–, Periotti y Carlos Kirchner estuvieron en sus cargos desde 2003 hasta diciembre del año pasado.

3) La concentración económica de la obra pública
"Ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo", señalaron los fiscales.

Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por las obras de vialidad nacional: se llevó el 11,2% del presupuesto. Una sola provincia tuvo la misma cantidad de obras que tuvieron ocho provincias juntas (La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones).

Y dentro de Santa Cruz el gran beneficiado fue Báez. El 78,12% de las obras viales fueron para el empresario amigo de los Kirchner. Por ellas cobró casi nueve mil millones de pesos y tuvo contratos por más de 16 mil millones.

Para eso, dentro de la provincia también se replicó el esquema de funcionarios leales a los Kirchner.

4) El direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez
La cuarta etapa fue "un plan sistemático y permanente para beneficiar a Lázaro Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz". Para los fiscales hubo "una matriz general de actuación basada en el desapego de las buenas prácticas de la administración pública que exigen el manejo eficiente y transparente del erario público y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado que presentaba como características de relevancia".

Esos beneficios se vieron, según la acusación de la Fiscalía, en que las empresas de Báez en 2015 tenían una demora de 34 días, con un mínimo de ocho, en el pago de los certificados de obra contra los 231 días de retraso para las demás empresas con un mínimo de 73 días.

Otro ejemplo es que de las primeras 30 empresas constructoras del país, las compañías de Báez eran las únicas a las que la Dirección Nacional de Vialidad "no les debía absolutamente nada" por las obras en ejecución al 30 de noviembre de 2015.

Eso se contraponía con los cumplimientos de las empresas de Báez. De las 49 obras que Vialidad Nacional le adjudicó, solo dos se terminaron en el plazo previsto en el contrato original. "En las restantes cuarenta y siete (47) se excedieron holgadamente los términos temporales previstos para la finalización y entrega de la obra, verificándose casos en los que por ejemplo una obra que debía realizarse en 3 años, en la actualidad, lleva más de 11 años y tan solo se construyó un 43% de la misma", describieron los fiscales.