El gobierno nacional definirá el destino provisorio de los bienes de Lázaro Báez

El gobierno nacional definirá el destino provisorio de los bienes embargados al empresario detenido Lázaro Báez. El juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que haga una propuesta para darles un rol social a los inmuebles, los campos, las maquinarias y los autos de la familia Báez y de sus empresas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que en 15 días presente una propuesta. Se trata del organismo que se encarga de administrar los bienes del Estado y asesora sobre los posibles destinos de cada uno de ellos.

Primero el pedido había sido hecho en julio pasado a la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación pero informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado era quien estaba en mejores condiciones para cumplir la tarea.

El juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán tienen embargados inmuebles, máquinas, autos, campos y distintas propiedades de la familia Báez. Entienden que fueron obtenidos ilícitamente mediante el lavado de dinero por el que Báez tiene dos procesamientos y está preso desde abril pasado en la cárcel federal de Ezeiza.

En el caso de que Báez sea condenado, esos bienes serán decomisados y pasarán al Estado nacional. Pero hasta llegar a esa instancia, el juez dispuso que provisoriamente los bienes tengan un destino social. "El Estado debe pensar herramientas para sanear el daño causado y, para hacerlo eficazmente, la administración de bienes afectados a una medida cautelar no sólo ha de tener en cuenta la conservación –evitar la depreciación, etc.– sino también un posible destino social, siempre y cuando ello sea factible", señaló Casanello.

Para eso, la Agencia de Administración de Bienes deberá determinar qué bienes están desocupados y son ociosos para presentar una propuesta de uso social.

En la causa se presentaron el Ministerio de Defensa de la Nación, las municipalidades de General Pico (La Pampa), de Isla Verde (Córdoba) y de Río Gallegos (Santa Cruz), y el Centro de Jubilados y Pensionados "La Amistad" de Río Gallegos solicitando quedar a cargo de algunos de los bienes de los Báez.

Parte de los bienes del empresario ya están a cargo del Estado. Se trata de los libros incunables que fueron secuestrados en su casa de Río Gallegos y que quedaron a cargo de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca le pidió autorización al juez para hacer una exposición al público de ese material.