Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Germán Garavano, ministro de Justicia, expusieron en un plenario de comisiones del Senado para ampliar la figura del arrepentido a los delitos de corrupción y la extinción de dominio, que apunta a la recuperación por parte del Estado de bienes obtenidos ilícitamente. También estuvieron Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.
La reunión, que se desarrolló en el Salón Azul del Senado, constituyó la primera jornada de debate sobre estas iniciativas y continuará durante mañana y el jueves.
El proyecto de extinción de dominio tiene media sanción de la Cámara de Diputados e incluye bienes vinculados al narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y delitos de corrupción.
"Es una herramienta que va acompañada de otra que es la de flagrancia y la de técnicas especiales de investigación", explicó Bullrich y argumentó: "En los últimos cinco años se han detectado maniobras de lavado del narcotráfico por al menos 4.000 millones de pesos".
Asimismo, la ministra advirtió que "Argentina está en el lugar 36 entre los países que más lavado de dinero registran" y sentenció: "Estamos realmente mal, tenemos que mejorar. Estamos tratando de lograr la legislación adecuada para mejorar esta posición".
Garavano, más escueto en su exposición, expresó a los senadores: "Una cuestión general que parece interesante que ustedes evalúen es hasta qué punto esto es una modificación de fondo y hasta qué punto se avanza sobre algunas especificaciones".
A su vez, el ministro habló sobre la necesidad de que la realización de los bienes sea rápida porque estimó que "la administración de esos bienes por tiempos largos genera complejidades y problemas".
Alonso, por su parte, resaltó: "Estamos hablando de criminalidad compleja. Un país que decide como consenso general establecer como meta la pobreza cero, también debe establecerse como meta el narcotráfico cero, la corrupción cero".
La senadora kirchnerista María Virginia García (FPV-Santa Cruz) advirtió que invertir la carga de la prueba sería inconstitucional porque rige en la Argentina el principio de presunción de inocencia, por lo cual sostuvo que habría que modificar el texto aprobado por Diputados.
La salteña Cristina Fiore Viñuales (PJ-FPV) coincidió en líneas generales con la advertencia de García y también confesó sus dudas respecto de cómo funcionaría la retroactividad de la ley más benigna en los casos que comprendería la ley.
Dictamen a proyectos del programa Justicia 2020
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Presupuesto y Hacienda, en una breve reunión, firmaron dictámenes de mayoría a favor de proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo en el marco del Plan de Justicia 2020 que prevén modificaciones en la organización de los juzgados nacionales y federales y la penalización en el desvío de precursores químicos.
Podrían ser considerados en el recinto la semana que viene, para luego ser girados a la Cámara de Diputados para su revisión.
Los proyectos son mensajes enviados por el Poder Ejecutivo para penalizar el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, otro para fortalecer los tribunales orales en lo Criminal Federal y de los tribunales orales en lo Penal Económico y el tercero para unificar los fueros de la Justicia nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal.
Fuente: agencias DyN y NA
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