La difusión del video de la noche del escándalo del kirchnerista José López generó sus primeras consecuencias judiciales. El fiscal Federico Delgado solicitó una serie de medidas que ponen la lupa sobre las religiosas que viven en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en General Rodríguez, y sobre el entorno del ex Secretario de Obras Públicas.
El representante del Ministerio Público Fiscal pretende que la hermana Celia Inés Aparicio -que aparece en las imágenes ayudando a López- sea imputada por el juez Daniel Rafecas y citada a ejercer su derecho de defensa en declaración indagatoria.
Delgado solicitó además que la madre Alba Día de España Martínez Fernández, quien hasta ahora se creía que no podía valerse por sí misma por problemas físicos, sea sometida a una serie de estudios médicos para determinar cuál es su estado real de salud.
"Las monjas no se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", precisó el funcionario judicial.

El titular de la Fiscalía Federal N° 6 corroboró las llamadas entrantes y salientes de los dos teléfonos celulares que tenía la mano derecha de Julio De Vido la madrugada que fue detenido. Allí surge que López mantuvo un diálogo fluido con su mujer, María Amalia Díaz, quien presuntamente estaba al tanto de los movimientos para esconder el dinero. Es por ello que Delgado también solicitó la indagatoria de la esposa del hombre que manejó la chequera de la obra pública durante 12 años.
Del análisis de las comunicaciones telefónicas de la noche del 13 de junio y la madrugada del 14 surge además que Díaz mantuvo al menos 11 conversaciones con la monja Alba, quien no sólo vivía en el convento sino que también estaba a su cargo.
En el mismo dictamen -al que accedió Infobae-, Delgado solicitó también la indagatoria del contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Ramón Gutiérrez, dos personas que están vinculadas a la lujosa mansión en la que vivía López. "Conformaron un verdadero triángulo en el cual se confunden sus patrimonios", analizó el fiscal.
Y a modo de ejemplo, detalló: "Hasta mediados de 2010, el terreno fue propiedad de Andrés Enrique Galera. Posteriormente, se lo vendió a Eduardo Ramón Gutiérrez. Pero todos estos movimientos no se compadecen con la realidad. El arquitecto Federico Curcio, quien dirigió el proyecto de ampliación y refacción de esa vivienda, refirió en declaración testimonial que su trabajo se prolongó desde 2009 hasta 2011 y que la totalidad de los honorarios la abonó Andrés Galera, quien nunca utilizó la vivienda. En lo que respecta a Eduardo Gutiérrez, nunca efectuó un solo pago pese a ser el "dueño" de la casa".

Las hermanas Inés y Alba, la mujer de López y los empresarios Galera y Gutiérrez están sospechados de ser cómplices del delito de enriquecimiento ilícito por el cual está imputado el ex funcionario K.
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