Esteban Ibar Pérez Corradi tiene en su poder algunos de los secretos que más inquietan a la política argentina. Si finalmente se decide a declarar, el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez puede abrir una nueva caja de Pandora para el kirchnerismo.
La Justicia no tiene dudas: sólo la complicidad política puede explicar el gigantesco crecimiento que tuvo la efedrina entre los años 2004 y 2007 en el país.
En ese período, el prófugo detenido este domingo en Foz do Iguazú fue uno de los principales referentes del circuito argentino de la efedrina, un precursor químico que por ese entonces era legal en el país por su uso para la fabricación de medicamentos. Para ese entonces, México y la mayoría de los países del primer mundo habían ya prohibido su comercialización: la sustancia era utilizada por las bandas narco para la fabricación de drogas sintéticas.
Aprovechando el vacío legal, distintas bandas compraron efedrina a laboratorios de China e India. Por cada kilo pagaban unos 50 dólares. Luego la revendían a los narcotraficantes por unos 4.500 dólares en promedio.
El negocio fue tal que la importación del precursor químico se multiplicó casi por once en sólo tres años, pasando de dos toneladas anuales a más de veinte. Pero nadie en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) dio el alerta.
Los jueces consideraron que la inacción política y policial frente a semejante crecimiento sólo se explica por la protección de funcionarios de muy alto nivel. La gran pregunta es quién o quiénes garantizaron semejante nivel de cobertura.
El 15 de julio de 2014, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público al ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico José Granero, al ex subsecretario técnico de Control de la Sedronar Gabriel Yuseff Abboud y al ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos Julio De Orue. Ellos eran los encargados de controlar las sustancias químicas que ingresaban al país.
Pero las sospechas son que las responsabilidades llegan aún más arriba en la cadena de mando. En la causa por el triple crimen de General Rodríguez, se menciona a un misterioso hombre sólo conocido por el apodo de "La Morsa".
Una semana antes de las elecciones primarias de 2015, Martín Lanatta –condenado junto a su hermano Cristian y Víctor Schillaci como autores materiales del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina- declaró en el programa "Periodismo para Todos" que ese hombre es nada menos que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Luego de su intento de fuga del penal de General Alvear repitió la acusación.
El ex candidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria rechazó la acusación a través de una serie de mensajes en su página web, acusándola de ser una "operación política berreta de cuarta". Presentó además una constancia de la Justicia que del juez de Garantías Marcelo Romero que dejaba constancia de que "no se encuentra formalmente imputado" en la investigación.
¿Hablará finalmente Ibar Pérez Corradi? Y si lo hace, ¿revelará sus vínculos con la política? ¿U optará por el silencio? En las últimas horas, su abogado, Carlos Broitman, optó por jugar al misterio: "Puede involucrar gente, pero también puede desinvolucrarla".
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