Retrasan demolición del Hotel Sheraton, construido sobre ruinas incas, y solicitan la presencia de organismos internacionales

El pasado 18 de abril, la Comisión de Juristas del Cusco esperaba con ansias que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de esta región entregue el informe técnico que determinará los detalles para la demolición del Hotel Sheraton y la restitución de las ruinas prehispánicas e incas que fueron destruídas con su edificación, pero no sucedió.

Lo que temía el grupo —que inició la demanda contra los responsables de la ilegal construcción— ocurrió. Según dijo la abogada Tika Luizar a Infobae Perú, la DDC del Cusco no entregó el informe a la instancia judicial correspondiente y desde el propio Ministerio de Cultura (Mincul) se había presentado una apelación al plazo establecido.

El director de la DDC de Cusco, Guido Bayro, confirmó el pasado 27 de abril, lo dicho por Luizar a este medio, y añadió en una conferencia de prensa con medios locales, que el motivo del intento de aplazamiento era porque se busca clarificaciones sobre la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), específicamente en lo referente a las responsabilidades y roles en el proceso de demolición del Hotel Sheraton.

Para la representante de la comisión, esta situación demuestra una vez más la obstrucción de parte del propio Mincul, y aclara que tanto el Ministerio de Cultura, la DDC Cusco, el municipio provincial y la empresa constructora tienen “responsabilidad solidaria”, según define la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Ahora ya estamos en un tema de ejecución. Ahí no se vuelve a discutir lo que ya se ha resuelto. O sea, no se vuelve a discutir, ‘acláreme aquicito; acláreme aquellito; auménteme si también va a asumir fulano, sultano’, ya no. Si ellos han presentado este escrito (la apelación al plazo por aclaración de términos), ya es solamente una cuestión de dilatar, pero legalmente todo eso ya está definido, el plazo ya venció y no se suspende con el pedido que ellos hacen”, indicó Tika a este medio.

Para Tika, los organismos internacionales como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), entidad especializada asesora de la Unesco en temas de patrimonio mundial; y otros, deben presentarse y ser partícipes en este proceso, según lo establecido en la sentencia.

Cabe mencionar que, tanto la Comisión de Juristas como el ciudadano Heráclito José Cereceda Vergara solicitaron la presencia del ente vinculado a la Unesco para corroborar que, una vez demolido el edificio, sean repuestos los bienes patrimoniales afectados.

Este pedido se debió también a que desde Icomos se envió la siguiente advertencia:

Respecto al informe técnico que el Quinto Juzgado Civil de Cusco de la Corte Superior de Justicia solicitó a la DDC Cusco, su representante, Guido Bayro señaló a Infobae Perú que su organismo ya formuló este documento. “El proceso tiene tres informes técnicos. La Procuraduría del Mincul debe haber entregado uno complementario, algo así como uno de actualización”, dijo sin dar mayor precisión sobre el caso.

Es necesario mencionar que, sin dicho documento la municipalidad no puede realizar la destrucción del hotel. Por ello, desde la Comisión de Juristas continúan con los esfuerzos para que se de cumplimiento a la sentencia.

Entre lo que se prevé está acudir al órgano de control del Poder Judicial y dialogar con la Presidenta de la Corte Superior para agilizar el proceso. Incluso mencionaron en una entrevista anterior con este medio que estarían dispuestos a iniciar una colecta internacional para costear los gastos de demolición, en caso se alegue una falta de presupuesto y se dilate de la ejecución de la sentencia.

Los bienes afectados fueron 3 muros, 5 andenes y los inmuebles históricos signados con los números 674 y 704, y otra casa cuya fachada daba a la calle Don Bosco N.° 5, ubicados en la calle Saphy, los cuales son de la época prehispánica e inca y son parte del patrimonio cultural del Cusco.

Estos vestigios culturales que representan una conexión directa con la rica historia y la avanzada arquitectura de la civilización inca, se ubican en parte de las bases del Sacsayhuamán, uno de los complejos arqueológicos más importantes del Imperio incaico.

Por su ubicación en el Centro Histórico de Cusco, estos elementos no solo tienen un valor arqueológico significativo, sino que también contribuyen a la identidad cultural de la región. Su destrucción durante la construcción del hotel no solo implicó la pérdida física de estructuras antiguas, sino también una interrupción en la continuidad del legado inca visible en la configuración urbana de Cusco que organizaciones como la Comisión de Juristas buscan preservar.

El antiguo responsable de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, Juan García Rivas, dio luz verde al proyecto el 25 de mayo de 2010, sucedido por Luis Flores García, quien siendo alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco, concedió el permiso de construcción el 21 de enero de 2011.

Posteriormente, poco antes de concluir su mandato el 29 de diciembre de 2014, Flores renovó y extendió el permiso de construcción. Con el cambio de administración en 2015, el nuevo alcalde Carlos Moscoso Perea anuló dicha licencia el 9 de diciembre de 2015, deteniendo el proyecto debido a múltiples violaciones normativas cometidas por la constructora R&G. SAC desde octubre de 2008 hasta julio de 2014.

Debido a estas faltas, la Comisión de Juristas presentó denuncias penales en 2014 luego de identificar irregularidades como el movimiento recurrente de tierras. La constructora fue inicialmente sancionada con dos multas que superaban los 4.5 millones de soles en 2017, aunque estas sanciones fueron posteriormente revocadas por Rogers Valencia, el ministro de Cultura en aquel momento, a inicios del mismo año.

El escándalo involucra a más de setenta ex funcionarios de la Dirección de Cultura y la Municipalidad Provincial de Cusco, incluidos ex alcaldes y directores de la DDCC, los cuales están bajo investigación por delitos como corrupción y crimen organizado. Hasta ahora, no se han aplicado condenas o sanciones finales a los implicados.

El 4 de marzo, el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco emitió una notificación para que se elabore un informe técnico sobre la demolición y la restitución de los bienes culturales afectados.