PJ impone restricciones a policías por detención de dirigente durante marchas contra Dina Boluarte

El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la presunta detención arbitraria de Milan Knezvich Vulchevich, dirigente del Comité de Lucha de Abancay, en enero de 2023, durante las marchas contra la presidenta Dina Boluarte en Apurímac. Infobae Perú accedió a la resolución que declaró fundado el requerimiento fue formulado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

Se trata de los policías Vitto Serrano Inca, Alfredo Rojas Velásquez, Eliseo Palomino Ortiz, Marco Naveros Poma y Jefferson Anthony Martínez Huamán, todos de la Unidad de Seguridad del Estado. A los agentes se les atribuye el presunto delito de lesiones leves en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Según la hipótesis del Ministerio Público, los policías habrían intervenido arbitrariamente a Milan Knezvich, quien al momento de la detención mantenía una llamada por teléfono. Luego, presuntamente haciendo uso desproporcionado de la fuerza, lo subieron al patrullero. Uno de los efectivos le habría propinado un golpe en el tobillo.

De acuerdo con la declaración de Knezvich, dentro del patrullero, el efectivo Jefferson Anthony Martínez Huamán le dijo: “Ya te jodiste, con***, ahora va a saber lo que es bueno, terruco de ***”.

La jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, declaró fundado el pedido de comparecencia con restricciones contra los policías.

La magistrada Salcedo impuso las siguientes restricciones a los efectivos policiales investigados:

• Obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de cualquier modo, o a cualquier ámbito, sin previa autorización judicial emanada del Juez de Investigación Preparatoria Nacional; recomendando formular sus solicitudes con la antelación debida a efectos de darle el trámite correspondiente.
• Obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido.
• Obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual
• Prohibición de comunicarse a través de cualquier medio de comunicación (redes sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros), así como concurrir a los domicilios, lugares de residencia o establecimientos penitenciarios de sus coimputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación
• Justificar sus actividades, el mismo que se realizara cada 15 días, a través del medio virtual

La jueza Margarita Salcedo advirtió que, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, la comparecencia con restricciones puede ser revocada y, en su lugar, imponerse mandato de prisión preventiva.

El Poder Judicial rechazó la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte con la cual buscaba invalidar la denuncia constitucional hecha por la exfiscal suspendida, Patricia Benavides, ante el Congreso. La denuncia se refiere a las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales que siguieron al intento de golpe de estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. La resolución, emitida por el juez Jonathan Valencia López del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, declara como infundada la demanda de la mandataria.

La base de la demanda de Boluarte radicaba en alegaciones de que la Fiscalía había vulnerado sus derechos constitucionales, incluyendo la debida motivación de resoluciones y el debido proceso, además de desnaturalizar la prerrogativa de inmunidad presidencial. La resolución del juez Valencia López subraya la autonomía interna con la que cuentan los fiscales, lo que les permite ejercer sus funciones sin interferencias ilegítimas, incluso de fiscales de mayor jerarquía. Además, recalca que, a diferencia de los jueces, no se puede exigir imparcialidad a los fiscales ya que son partícipes activos dentro del proceso penal.

La denuncia constitucional contra Boluarte fue interpuesta por Benavides el 27 de noviembre, justo después de la detención de Jaime Villanueva. Esta denuncia incluye solamente seis víctimas de las numerosas muertes ocurridas en las manifestaciones de finales de 2022 e inicios de 2023, entre las cuales se encuentran Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca