El cambio climático es probablemente el mayor desafío ambiental y social que enfrenta la humanidad, y que fue generado por el ser humano. Es un problema global que se resuelve en forma global, en donde existen muchos matices que hacen difícil el consenso entre los países respecto a las decisiones que deben tomarse. Sin embargo, todos reconocen el siguiente principio como marco de discusión: principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio reconoce que todos los países tienen responsabilidad común de solucionar el problema, aunque no todos en el mismo nivel y grado, ya que históricamente los países desarrollados han contaminado más a efecto de construir sus economías que aquellos que están en vías de desarrollo. Y no todos los países tienen la misma capacidad y recursos para enfrentar la problemática.
El sector privado ocupa un papel clave en la solución a los problemas de contaminación, inequidades sociales y cambio climático. Es por esto que la gestión de los impactos ambientales y sociales de las actividades se vuelve crítica, para lo cual es necesario que las empresas trabajen con una actitud de responsabilidad y transparencia en la divulgación de información no financiera que comúnmente se lo sintetiza en un balance social o reporte de sostenibilidad.
Pero como en el sector público, también en el sector privado podría aplicarse el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Gestionar y desarrollar un sistema de información no financiera es algo que demanda recursos y capacidades en donde probablemente las empresas de mayor envergadura sean las que tengan la mayor responsabilidad de liderar la causa dando el ejemplo.
Considerando la importancia de reducir la brecha de asimetría de información que existe entre lo que se muestra y la realidad del impacto socioambiental de los negocios, diferentes mercados, países y regiones tienen iniciativas que buscan regular la obligatoriedad de la emisión de los balances sociales al demostrarse que el carácter sólo voluntario no ayuda a reducir la brecha. Desde una mirada de mercado, los inversores cada vez más demandan marcos normativos e institucionales que les permitan acceder a información no financiera confiable a efectos de evaluar los riesgos económicos asociados a los aspectos socioambientales.
Al respecto, en Argentina existen leyes nacionales y provinciales que proponen la emisión de balances sociales para empresas con ciertas características (en general basadas en cantidad de empleados o nivel de facturación), pero en la práctica no ha tomado vuelo si consideramos que en el año 2016, de acuerdo con el Global Reporting Initiative, solamente 82 empresas han emitido este tipo de reporte.
Donald Trump ha excluido a Estados Unidos del acuerdo de París, a pesar de ser el mayor contaminante de la historia del planeta. Mientras tanto, Argentina tiene una agenda de oportunidades hacia el mundo asociadas con negocios sostenibles que contemplen el triple impacto económico, social y ambiental.
El autor es investigador RSE y sostenibilidad, Universidad de Palermo, Facultad de Ciencias Económicas.
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