Los chicos, huérfanos del Estado

José, nombre de fantasía, tiene 13 y se tuvo que ir de su casa porque en su familia lo golpearon. Pasó a ser un número más de los pibes de la calle. Más de una vez lo detuvieron de forma ilegal y más de una vez la policía le pegó y a la justicia no le importó. Nadie lo escuchó.

No es el único.

"Nos tiraron al piso, nos dieron patadas, piñas en la cara. Después un policía sacó un cuchillo y nos lo pasaba por la cara, por la oreja".

"Me pisaron muchas veces la cabeza y la pierna izquierda. En la cabeza además me pegaron piñas y en la pierna me patearon. Después me sacaron la capucha y me sacaron fotos con sus celulares, seguían sacándome fotos y riéndose cuando me subieron al patrullero".

"Veo a tres policías que se acercan de frente a mí y me acorralan a los cachetazos, mientras me insultaban uno le dice al otro: 'Vamos a llevarlo hasta la SHELL. Vamos a cagarlo a palos y lo tiramos al Riachuelo esposado'."

Estas voces son de chicos y adolescentes de entre 13 y 17 años que se animaron a denunciar las agresiones de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Voces que el Estado argentino elige escuchar muy poco o directamente no escuchar. En un informe de este año, la Procuraduría de violencia institucional (PROCUVIN) advierte, entre otras cosas, que es alarmante la cantidad de casos de violencia policial y las impericias de la justicia para investigarlo. Impericias sobre todo para respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Por ejemplo, el informe da cuenta de que los funcionarios judiciales no indagan sobre las lesiones de los chicos y que sólo en un 30% de los casos los citan a declarar. Y que eso termina en sobreseimientos para los agresores.

Los hermanitos de José se quedaron en su casa. Duermen los tres en el mismo ambiente que su madre y su padrastro. Dos van a la escuela pero no saben leer ni escribir, el otro no está escolarizado. En esa familia no tienen nunca las cuatro comidas.

Los tres hermanitos de José tampoco están solos en las estadísticas.

Más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes en el país son pobres. No tienen ni alimentación, ni vivienda, ni educación, ni salud adecuada. Y un millón, de entre 5 y 17 años, trabajan. Estos son algunos de los alarmantes números que se desprenden del Barómetro de la Deuda Social de la UCA. Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de Cippec, señala que cada vez más concentramos las peores condiciones en los más chicos. "Esto se llama infantilización de la pobreza, por cada adulto que hay en situación de pobreza proporcionalmente hay más niños", dice.

Basta leer la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sancionada en 2005 para ver cómo no se cumple y cómo se vulneran los derechos de los chicos una y otra vez. Por ejemplo, esta ley prevé la designación de un Defensor del niño pero hace 12 años que el puesto está vacante. Una figura clave para controlar qué hacen el gobierno y la justicia en materia de infancia. Para escuchar a los chicos, ayudarlos y defenderlos mediante amparos.

Tanto el maltrato policial y judicial, como la infantilización de la pobreza, como la ausencia de un defensor expresan lo mismo: la crisis moral de la dirigencia que sanciona leyes frente a todas las necesidades pero después no las implementa.

Creen que el sólo hecho de sancionar una ley tiene efectos sobre la realidad. Pero en la realidad solo operan las personas. Y también existen quienes eluden responsabilidades propias escudándose en que hay una ley.

La figura del Defensor del niño debe ser formal pero también real. Se debe cumplir la ley, designarlo y que sea idóneo. Pero defensores de los niños debemos ser todos, en todos los ámbitos. Ahora, antes y después. Y los números y los casos sólo muestran que a los chicos les siguen pegando desde arriba y desde abajo.

El Estado está en deuda con la infancia y ni José ni sus tres hermanitos ni ningún niña ni niño ni adolescente pueden esperar.