Don Quijote y los molinos de Uber

Hace dos años tuve la oportunidad de usar en Francia una aplicación que permitía a personas compartir un viaje con otras para aprovechar los asientos vacíos, dividir los gastos y generar una reducida pero justa ganancia a aquel que había conducido y utilizado su locomoción para llevar a otro desconocido. El servicio de pooling se llama Blablacar y es famoso en Europa no sólo por vincular gente, sino también por brindar una alternativa para aquellos que no pueden gastar grandes sumas por los viajes que deben realizar frecuentemente.

Este servicio me pareció más que original y pensé en ese momento en el aporte que podían generar las TIC y el potencial que tienen para mejorar la calidad de vida de las personas. Transporte colaborativo, mitigación del impacto ambiental, reducción de costos de traslados, entre otros beneficios que genera esta novedosa iniciativa tecnológica.

Sin embargo, toda esta revolucionaria idea en nuestro país, como suele suceder, se confundió y se judicializó, criminalizando a los conductores y perjudicando a los potenciales usuarios.

Desde la llegada de Uber a Argentina, quienes emprendieron el trabajo de manejar su auto transportando personas con las que se contactan a través de la aplicación han sido blanco de una cacería judicial dotada de una fuerte asignación de recursos. Los conductores son perseguidos como criminales, sometidos a procesos penales, amenazados públicamente con ir presos, allanados en sus hogares y detenidos en plena calle por trabajar de modo autónomo manejando un auto para mantener a su familia.

La cruzada judicial comandada por el fiscal Martín Lapadú para evitar lo que llama "uso lucrativo del espacio público" sumó un nuevo capítulo: por resolución nº 255/2017, el fiscal general Luis Cevasco dispuso aumentar por cinco el número de fiscalías y los funcionarios que, bajo las directivas de Lapadú, estarán destinados a la persecución criminal de los conductores de Uber. Esa medida resulta desproporcionada con la demanda social de mayor seguridad.

Independientemente del problema en sí (el absurdo del tipo contravencional de "uso lucrativo del espacio público" para un conductor de Uber), lo cierto es que el sistema penal debería investigar todos los delitos. Sin embargo, está demostrado que el sistema prioriza y selecciona casos, ya que los recursos son escasos. Es lo que suele llamarse "principio de oportunidad". Para evitar que la fijación de prioridades se haga a través de acuerdos bajo la mesa, toda decisión debe realizarse a partir de estándares y procedimientos explícitos y transparentes. ¿Estará la ciudadanía de la CABA de acuerdo con que 5 de los 23 fiscales, el 21% del total, tengan como una de sus prioridades perseguir a personas cuyo "delito" es usar la aplicación Uber, utilizada en más de sesenta países del mundo?

Según datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en los cinco primeros meses de 2017 se registraron 8982 denuncias de víctimas de violencia de género. Esto equivale a un promedio de una nueva víctima cada 50 minutos. Sí, una nueva víctima cada 50 minutos. Cada 70 minutos se produce un robo de una moto en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, algunos acompañados con hechos violentos. ¿Al determinar sus prioridades, escucha el Ministerio Público a la sociedad?

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Ciudad quiere convencernos de que el 20% de los fiscales de la Ciudad y sus correspondientes recursos policiales deben ocuparse de buscar a los conductores de Uber para que sean detenidos y procesados, y que esos fiscales y policías no deben ocuparse entonces de buscar narcotraficantes, violadores y asesinos. ¿Responden estas acciones a las verdaderas demandas de mayor seguridad de la gente común? La respuesta es un "no" rotundo.

Corren vientos de cambio. La tecnología empodera cada día más a la ciudadanía, mejora la calidad de vida y simplifica la vida en las grandes urbes. Mientras esta revolución se desarrolla en todo el mundo, nuestros funcionarios judiciales se embarcan en inútiles cruzadas contra molinos de viento.

El autor es abogado, candidato a magíster en Derecho Administrativo.