De los tres millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, dos millones viven en 100 mil consorcios. Las expensas se han convertido en una carga enorme sobre muchos ingresos. Se estima que 600 mil consorcistas están en mora. Esta cifra nos muestra la cruda realidad de los consorcios y de la política que no se ha querido ocupar del tema.
Un consorcio es un conjunto de viviendas, no una empresa que genera ganancias, por lo que sólo puede mantenerse con base en los ingresos que tienen los consorcistas. Pueden ser empleados, monotributistas, desocupados, jubilados o pensionados y haber adquirido su vivienda de muchas maneras que no denoten solvencia holgada, como una herencia, un crédito, una indemnización o simplemente por alquiler. A este último las expensas se le suman al alquiler como un todo que se puede llevar más del 50% de sus ingresos.
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El aumento de expensas puede darse por varios motivos o uno solo: sobreprecios y mala administración, tarifas de gran consumidor para consorcios, ausencia de consorcistas en paritarias de encargados, tasas innecesarias creadas en estos últimos 10 años por el GCBA. La morosidad se traduce en dejar de hacer trabajos de mantenimiento básicos.
En el tema de las tarifas el Estado pensó que la tarifa social, individual, resolvería el impacto del "tarifazo", pero no protegió a los consorcios. Hoy para las empresas de gas y luz los consorcios son grandes consumidores, como una industria con un horno de producción o tornos eléctricos y no un conjunto de familias.
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Una mala administración puede acaparar sobreprecios en las obras de arreglo de cada unidad que el resto del consorcio está obligado a pagar, y los problemas siguen sumándose. Suele suceder que el mal administrador no explique los derechos a los consorcistas o utilice discursos irreales para mantener su lugar. Por ejemplo, salvo que el reglamento de copropiedad indique algo específico, y muy pocos lo hacen, el honorario del administrador es pactado. Ese monto lo establece la asamblea, y no puede ser sustituida en ello por nadie. Así lo dice la ley 941, modificada en este y otros puntos por la 3254 de mi autoría.
Son los consorcistas los que deben sentarse con el Sindicato Único de Trabajadores de edificios de Renta y Horizontal (Suterh) en la mesa de las paritarias. Sólo así se logra fijar qué puede afrontar cada consorcio según su tamaño y tipo. Además, el Estado se lleva el 60% de lo que se paga de sueldo al encargado, quien cobra el 40 por ciento. Semejante presión impositiva debe cambiar.
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Entonces, ¿el problema de las expensas no tiene solución? Sí, la tiene. ¿Cómo? Con mayor control a los administradores de consorcios; tarifa preferencial de gas, luz y agua (con quita del 21% de IVA); con participación de los consorcistas de las paritarias con el Suterh en lugar de los administradores de consorcios, como sucede actualmente; sin tasas innecesarias impuestas por el GCBA; y con los inquilinos participando con más fuerza de las asambleas de consorcistas. Hacia allí caminamos para que dos millones de ciudadanos dejen de pagar gran parte de sus salarios en "las malditas expensas".
El autor es candidato a primer legislador por 1Pais. Presidente GEN CABA.
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