Emergencia social, mucho más que una ley

El Gobierno nacional, en palabras de sus ministros Stanley, Quintana y Triaca, pasó en seis días de anunciar que no se ejecutaría el presupuesto comprometido por ley para abordar la problemática de los trabajadores más humildes a tener que encaminar una paritaria social con los representantes de las organizaciones sociales.

Las metas de reducción de gasto anunciadas por Mauricio Macri semanas atrás, una proclamada pero poco notoria recuperación económica en los sectores del agro, servicios, metalmecánica y construcción, más un buen desempeño electoral de los candidatos de Cambiemos en varios distritos de todo el país, envalentonaron al Gobierno para intentar hacer pagar el ajuste a los más vulnerables.

Sin embargo, esto no pudo suceder por la legitimidad institucional lograda en la sanción de una propuesta legislativa como la ley de emergencia social que fue votada por unanimidad en el Senado y que solamente tuvo un voto negativo en Diputados. Además, esta ley fue acompañada por la CGT, las CTA, Federación Agraria Argentina, la CGE y contó con un papel determinante de la Pastoral Social como articuladora del diálogo entre todas las partes.

Pero el factor fundamental para la vuelta atrás de la decisión del Gobierno está dado por la profunda y sólida unidad lograda por los principales movimientos populares (CTEP, CCC, Barrios de Pie), nucleando más de cuarenta organizaciones en este reclamo. Organizaciones que tienen las más heterogéneas extracciones políticas e ideológicas, pero que están unidas en la calle para exigir los derechos de aquellos que tienen dificultades para acceder a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo con derechos, el agua potable, el transporte público, la infraestructura social, que son permanentemente hostigados en los barrios por los sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y que enfrentan cara a cara el narcotráfico y la violencia institucional.

Estas organizaciones de base son sindicatos de un nuevo tipo, no representan a empleados tradicionales, ni buscan planes sociales como muchas veces exclaman los periodistas afines al círculo rojo, ajustados a los estereotipos que promueven los poderosos. Por el contrario, organizan y representan a los descartados sociales, a quienes crean su propio trabajo, primero como supervivencia y luego de forma comunitaria, cooperativa y solidaria. Son quienes muestran aquello que nadie quiere mostrar: que este capitalismo financiero no puede garantizar ni trabajo ni alimentos para todos, pero sí genera cada día más ganancia y riqueza para unos pocos.

La ley de emergencia social, además de destinar fondos del presupuesto para los más humildes, creó tres nuevas instituciones de la seguridad social: Registro de Trabajadores de la Economía Popular para darles el estatus de trabajadores a quienes son desocupados, informales o se generan su propia fuente de supervivencia en la economía popular, pero, aunque los privados y el Estado casi no los reconocen, trabajan de lo que pueden para llevar el pan a su casa. El salario social complementario, que les otorga a estos trabajadores de nuevo tipo el 50% del salario mínimo vital y móvil y que está atado a su movilidad, complementando el ingreso que se generan "por la propia". Y la tercera institución es el Consejo de la Economía Popular, que en los hechos funciona como una paritaria social, permitiendo canalizar los reclamos y las exigencias del sector.

El Gobierno tuvo que restablecer los plazos de implementación de la ley de emergencia social y el presupuesto correspondiente, garantizar el aguinaldo para los casi 500 mil trabajadores inscritos en las diversas propuestas de trabajo de interés social, abrir la inscripción al monotributo social para los más de 150 mil trabajadores que están en condiciones de hacerlo y establecer una mesa de trabajo para elaborar una propuesta legislativa en el período 2017 que aborde el drama de la desnutrición, la pobreza y la indigencia de los más de seis millones de niños que no tienen garantizada la seguridad alimentaria. Este problema fue planteado con firmeza en la última manifestación de los movimientos populares el 7 de agosto.

Siempre hemos sostenido que el diálogo social tiene que llevarnos a respuestas concretas, también pretendemos que los conflictos sociales se canalicen institucionalmente, porque las grandes crisis sociales y económicas, como la del 89 o la del 2001 no hicieron más que profundizar la transferencia de recursos desde los pobres hacia los más ricos con medidas como la devaluación, la fuga de divisas, y acentuaron la concentración y la extranjerización de la economía. Es importante remarcar que estos últimos dos aspectos ningún gobierno de los últimos años los pudo revertir.

El Gobierno tiene que advertir que queremos paz, pero con justicia social. Y también que, de sostenerse o pronunciarse este marco macroeconómico, no hay política social que revierta el creciente cuadro de pobreza, indigencia y hambre, que se agrava por la sistemática destrucción del empleo y de las llamadas "changas" en el segmento que se encuentra más abajo en la pirámide del mundo del trabajo.

Sabemos que son pequeños logros y no modifican la estructura económica de nuestro país, sabemos también que la dirigencia política de los partidos mayoritarios está muy lejos aún de nuestra agenda, pero estamos dispuestos a hacernos escuchar para defender la dignidad de los más pobres y organizar esa esperanza que nos permita lograr tierra, techo y trabajo para quienes celebramos la palabra de Francisco, gritando en las calles y en los barrios: "Este modelo no se soporta más".

El autor es secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita. Miembro de la mesa Directiva de la CTEP.