A esta altura es claro que en el proceso de caída del califato de ISIS se va a producir una dispersión pronunciada de combatientes, que intentarán retornar a sus países o continuar con la yihad en terrenos fértiles. La prensa británica refiere actualmente un costo de dos mil dólares para huir de Siria a Turquía a través de la frontera vía traficantes de personas; algunos de ellos con la intención de sumarse a Al Nusra.

Algunos elementos comunes a las desmovilizaciones de zonas de altísimo conflicto muestran que la huida hacia potenciales jurisdicciones que pueden no ser hostiles son un paso lógico en busca de un anclaje territorial, sobre todo en el caso de organizaciones armadas. Las Filipinas son un caso claro, y Latinoamérica no es ajena a la problemática, por cuestiones culturales, de ambiente y de porosidad.

Sabido es que en Brasil, previo a los juegos olímpicos de 2016, se desarticuló un grupo de propaganda terrorista; como así también es conocida en la zona de la Triple Frontera la presencia de elementos radicalizados y financiadores de terrorismo.

Esta dinámica mueve a repensar cuáles son los elementos que brindan soporte legal a la labor de antiterrorismo en la República Argentina, y en qué manera las autoridades locales están en condiciones de proveer cierta eficiencia y legalidad a la luz de los estándares internacionales.

A raíz de que una desafortunada reforma, ley 26734, a fines del año 2011, modificó asimétricamente un esquema vigente que era relativamente lógico y coherente, quitando una pieza sustancia, estimo que en orden a mejorar el desempeño antiterrorista en Argentina a través de la acción legislativa en la materia, se deben tomar las siguientes medidas.

El primer objetivo es establecer una estrategia antiterrorismo de carácter público, como existe en países avanzados, que bajo nuestra legislación podría ser una versión reducida desclasificada derivada del capítulo pertinente de la apreciación de inteligencia estratégica nacional establecida por el artículo 13, inciso 8 de la ley de inteligencia. Dicha estrategia debería basarse en el análisis y las proyecciones del escenario internacional, estableciendo un diagnóstico realista de riesgos, amenazas y fortalezas que permita a toda la comunidad saber de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo en Argentina.

En segundo lugar, el actual marco normativo, Código Penal, artículo 41 quinquies y 306, es notoriamente insuficiente para generar herramientas básicas, dado que solamente cubre dos elementos del fenómeno: el acto terrorista y el financiamiento del terrorismo, dejando sin penalización legal a la organización terrorista. Estimo que se debe volver a penalizar la organización terrorista per se, por su propia existencia, como la anterior legislación establecía la asociación ilícita terrorista en el artículo 213ter. De esa manera, la sola existencia de la organización constituye un delito, que permite a las autoridades investigar y desarticular sin necesidad de la comisión de un atentado.

Tercero, creo que se deben establecer los tipos penales específicos de reclutamiento, adoctrinamiento y propaganda terrorista, para lo cual la ley española puede ser una buena guía, de manera tal de encontrar el equilibrio entre el respeto al derecho a la libre expresión, y la vocación de impedir la propagación y el fortalecimiento de los objetivos terroristas. La legislación debe ser muy prudente para permitir discernir grupos agitadores de grupos terroristas, basándose en la capacidad de fuego y en la existencia o no de reivindicaciones-exigencias a los gobiernos (intención y capacidad operativa real).

Cuarto, decidir si la legislación argentina, de alguna manera, va a optar por los denominados sistemas de listados, sin perjuicio del caso obligatorio de los listados de organizaciones y personas de la ONU. En el caso de que se utilice esta variable bajo la legislación local, se deberá establecer cuáles serán los criterios de observación que se utilizarán, garantizando el respeto previo de los derechos constitucionales sustanciales y procesales.

En esta hipótesis, cuando se acepten mediante convenios internacionales los listados de otros Estados, se deberán establecer los requisitos de prueba previa en jurisdicción inicial que va a exigir la ley argentina para reconocerlos, y la posibilidad de eventual revisión local.

Quinto, evitar la dispersión de órganos y organismos de antiterrorismo (actualmente hay varios que dependen de autoridades políticas diferentes, no necesariamente coherentes y concordantes) y establecer una autoridad única a nivel federal, que maneje una base de datos unificada, con acceso a la información bancaria, financiera, de migraciones, reincidencia, de propiedades, etcétera. A su vez, podría complementarse con la creación de una fiscalía especializada y un juzgado federal especializado.

Por último, creo necesario fortalecer los recursos humanos abocados a la prevención del uso de nuestra jurisdicción para la fuga de recursos provenientes de la caída de estructuras terroristas en el norte de Siria e Irak. Es una labor muy compleja, que requiere profesionales con experiencia operativa en la región.

El autor es experto en armas, ha sido team leader del equipo de investigación de la ONU-OPAQ que determinó el uso de armas químicas por parte de ISIS en Aleppo, Siria, en 2015.