Aprendiendo del martirio tehuelche

Al poco tiempo de asumir su mandato, el presidente Mauricio Macri se reunión con representantes de tribus indígenas, supuestamente originarias. Una de las asistentes, en representación de los mapuches chilenos, era Carol Soaez Bullorovsky (En Argentina los delegados mapuches parecen tener apellidos ingleses y centroeuropeos).

¿Quién es Carol Soaez Bullorovsky? Hace cinco años, la notificadora judicial Verónica Pelayes fue a dejar una notificación de la Justicia de Neuquén a un grupo de piqueteros de la organización que dice representar a los mapuches, que había tomado por la fuerza un yacimiento de la petrolera Apache y que impedía el acceso a las que consideraban sus tierras. Los integrantes del piquete la apedrearon y, según la acusación de Pelayes, una pedrada de Bullorovsky, que la persiguió, le destrozó el tabique nasal y la órbita del ojo, lo que la dejó semi incapacitada. Un jurado integrado en un 50% por miembros del grupo denominado mapuche le suavizó la condena hasta la intrascendencia.

Esta es nada más que una muestra de lo que ocurre hoy en la Patagonia, de lo que pueden ser testigos muchos argentinos si se les garantiza el anonimato, ya que las consecuencias de hablar pueden ser muy graves.

La pretensión mapuche, asumiendo que se trata efectivamente de tales, de considerarse y ser considerados pueblos originarios, no está demostrada de manera alguna, fuera de aseveraciones, afirmaciones, declaraciones y descalificaciones que no constituyen elementos históricos. Un ejemplo de ello son los artículos de Wikipedia, en los que se sabe que cada uno puede escribir lo que se le dé la gana sin consecuencia alguna, donde se afirma sin ninguna clase de soporte que se trata de pueblos originarios y hasta se niega la importancia de los tehuelches, verdadero pueblo originario con mucha anterioridad a la invasión arauca, a los que esta aniquiló.

En un nivel importante de escamoteo histórico, se atribuye a la campaña del teniente general Roca la desaparición de esos indios auténticamente originarios, otro despropósito sin ninguna clase de prueba o investigación. También hay versiones retocadas de la agresión y la biografía de Soaez Bullorovsky.

Las mayores investigaciones sobre los pueblos originarios de la Patagonia las realizó el respetado paleontólogo, antropólogo, historiador, doctor en ciencias y perito minero, Rafael Casamiquela, rionegrino, quien escribió 21 libros y 400 papers sobre el tema, y que sostuvo, con la evidencia de sus trabajos, de gran enjundia, la condición de pueblo originario de los tehuelches y el tardío arribo de los mapuches, desde Chile, que los masacraron, esclavizaron, sometieron y diluyeron hasta hacerlos desaparecer por muerte o absorción cultural. Probablemente el mayor genocidio sudamericano.

La razón de este histórico reclamo de territorios, apoyado en la fuerza, a veces en el saqueo, el incendio o la depredación, como saben los pobladores locales, no está demasiado clara, si bien Chile los expulsó en su momento por acciones similares más salvajes todavía. En una sospechosa unanimidad, todas las publicaciones que los justifican, empezando por los escritos de Wikipedia que han sido ignorados por la Argentina, se ocupan de dejar claro que esa tribu impide el acceso a las tierras que les pertenecen. Pues esas tierras no les pertenecen hoy ni les pertenecieron nunca.

Gobiernos débiles y necesitados de hacer concesiones para parecer sensibles fueron dando entidad y tolerancia a estos grupos, y subsidios, como a tantas otras "organizaciones" a las que ya la sociedad parece haberse acostumbrado a tolerar y mantener. Todo hace suponer que detrás de este caso inexistente de pueblos originarios se pueden ocultar otras intenciones o intereses, imposibles de analizar sino por las áreas especializadas del Estado.

El accionar del RAM, el grupo que surgió a la luz en CABA pero que obra como una fuerza de ocupación en el sur, ha traído a la luz capitalina este peligro, que no debiera ignorarse, dado que conlleva el mismo germen del intento de crear un territorio autónomo dentro de las fronteras de la nación, el sueño guerrillero que terminó con tantas muertes, algunas castigadas y otras no.

Los doce años de resentimiento kirchnerista en el poder fueron bien aprovechados para consolidar este accionar contra la soberanía y también contra la propiedad privada, como no se animan a gritar los lugareños. Las declaraciones de la ministra Bullrich: "Es un territorio al que no podemos entrar" muestran con toda gravedad la magnitud del descuido con que se observan y ponderan las acciones de este grupo y algún otro caso similar.

Durante esa docena de años de desguace de la integridad territorial y la identidad nacional, el kirchnerismo y sus ministros de Defensa fueron retirando del sur del país varias unidades militares que, como decisión estratégica, marcaba una decisión nacional de imponer una presencia institucional en una zona de potenciales conflictos de diversa índole. Era una manera de evitar que cualquier sueño delirante escalase hasta la necesidad de un enfrentamiento siempre trágico.

Sin dejar de lado su necesidad de exhibir su sensibilidad y su comprensión por todas las causas emotivas y conmovedoras que se le plantean y su vocación de negociar y ceder, nuestro gobierno debería considerar la opción de reponer esas unidades militares en la zona, no para hacer una campaña del desierto II, como seguramente se objetará, sino para evitar que se llegue a la necesidad de tener que hacerla. Alguna charla muy privada con los gobernadores puede agregar más elementos al planteamiento.

El liviano pensamiento de que no existen hipótesis de conflicto debe ser revisado. Y también la idea de que las Fuerzas Armadas son una especie de juego de soldaditos de plomo que se saca cada tanto de su caja para ceremonial y se vuelve a guardar. Así como los destacamentos de los mares del sur cumplen una tarea vital en refirmar allí nuestra presencia y soberanía, reponer las unidades militares en una zona donde quienes se declaman mapuches imponen miedo y autoridad a la población y desafían nuestros derechos soberanos a diario no parece ser una tarea policial. Se dirá que no se trata de un conflicto externo, y que entonces no corresponde la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Quién se atreve a asegurar que no lo sea?

A menos que nos hayamos resignado a que nuestros sureños tengan un destino tehuelche.