¿La izquierda protegió a De Vido?

Una de las particularidades de la votación del miércoles en el Congreso que trataba la expulsión de la Cámara del diputado Julio de Vido, uno de los responsables de la corrupción kirchnerista e investigado por su participación en la tragedia de Once -que se cobró 51 vidas- es que entre los diputados que se opusieron a la remoción de su puesto se encontraron los diputados de la izquierda. De este modo, los diputados del Frente de Izquierda recibieron una andanada de acusaciones por haber "salvado" a De Vido y por ser cómplices de los corruptos.

La diputada mendocina Soledad Sosa, del FIT, señaló en su intervención parlamentaria: "Nos separa con De Vido una linea de sangre, a ustedes un par de metros: siguen la misma linea del gobierno anterior, son socios de la corrupción como demuestran las represas hidroeléctricas de Santa Cruz". Se dirigía a la diputada Silvia Lospenatto, del PRO, que en su discurso había dicho: La izquierda denunció la sociedad De Vido-Cirigliano-Pedraza. Hoy defiende a un responsable de la muerte de Mariano Ferreyra". Sin embargo, Lospenatto olvidaba que la movilización de los compañeros de Ferreyra, asesinado por la patota sindical de José Pedraza, fue permanente hasta conseguir que el sindicalista y los miembros de grupo de choque fueran a la cárcel. "No le voy a permitir a la diputada Lospenatto que ponga en su sucia boca el crimen de Mariano Ferreyra y mucho menos que ataque a la izquierda -continuó Sosa-. ¿Dónde estaba Lospenatto, dónde estaba Carrió, cuando luchamos y metimos preso a Pedraza?". La denuncia de los vínculos con los más altos niveles del poder y grupos empresariales y sindicales que sostenían el ingreso de grandes sumas sobre la base de la tercerización laboral no había cesado y el Frente de Izquierda había señalado que de efectivizarse las denuncias sobre esos negocios corruptos, se habría podido evitar la tragedia de Once, de la que responsabilizó siempre a De Vido, entre otros.

En 2016, cuando la justicia requirió el allanamiento del domicilio de De Vido por la causa que investiga el desvío de fondos de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, el diputado Néstor Pitrola presentó un proyecto que se ajusta al procedimiento previsto en el artículo 70 de la Constitución que indica que ante un pedido judicial el Parlamento puede desaforar a un diputado. Se trataba del debido proceso previsto para la acción parlamentaria. En ese momento el Frente para la Victoria y el PRO pactaron no desaforar a De Vido y en cambio se votó permitir el allanamiento como una medida excepcional. Esos mismos bloques parlamentarios decidieron otorgarle a De Vido la presidencia de la Comisión de Energía. Una sociedad extendida hasta estos días, como se demostró la semana pasada cuando De Vido y el ministro Juan José Aranguren se encontraron en el Senado para defender los contratos de las represas en Santa Cruz, iniciados por el kirchnerismo y continuados por el macrismo en la actualidad, pese a la oposición de especialistas y ambientalistas.

La invocación al artículo 66 que podría haber expulsado a De Vido del cuerpo parlamentario es completamente inadecuada para el funcionamiento democráctico y podría haber sentado peligrosos antecedentes. El artículo prevé la expulsión por "inhabilitación moral". Sin embargo, ¿los diputados del PRO que impulsan el ajuste, los personeros de Calcaterra y sus negocios en Odebrecht, el diputado Massa que era jefe de Gabinete cuando De Vido firmaba cuantiosos contratos, el diputado agrosojero fascistizante Alfredo Olmedo serían "hábiles morales"? ¿Quienes votaron los tarifazos de Aranguren y el pago a los fondos buitre? ¿Los implicados de un partido y otro en el caso Odebrecht? ¿Quién les daría ese título de "hábiles morales"? De Vido es un delincuente y como tal la justicia debe actuar para que sea encarcelado y pague por sus crímenes. Una expulsión por "inhabilitación moral" sólo sería un cheque en blanco brindado a los diputados del ajuste, mientras De Vido hubiera partido hacia su mansión a alimentar canarios.

Para un sector del poder las luchas de los trabajadores están teñidas de "inhablitación moral". Es por eso que el gobernador Alfredo Cornejo pidió el desafuero de tres diputados provinciales del Frente de Izquierda por haber participado de las manifestaciones realizadas durante el paro general del 6 de abril de este año. El apoyo a las ocupaciones de fábrica como AGR o Pepsico, que sólo apoyaron los diputados de la izquierda, podría valerles el mote de "inhábiles morales". La defensa de las libertades democráticas demanda que no se puedan poner excusas pueriles como una "inhabilitación moral". Al día siguiente de la sesión en el congreso se conoció que una representante misionera del PRO, que había sido la representante por la provincia y ese partido en el Parlamento de la mujer, había sido apresada en Brasil con cinco kilos de cocaína. Como dice el adagio latino: "de te fabula, narratur".

Finalmente, toda la sesión se reveló como una maniobra electoral distraccionista, mientras se prepara una reforma laboral fabulosa que, como en Brasil, querría llevar a un retroceso de un siglo en los derechos de los trabajadores. Lo que revela la votación del bloque del FPV y sus aliados peronistas es su debacle política al haber defendido al masacrador de Once, que fue denunciado por los diputados del Frente de Izquierda a la hora de la argumentación de sus votos. Y revela el espíritu antidemocrático de los diputados de Cambiemos, con los riesgos futuros que ello podría implicar, y que intenta desviar el debate sobre la situación política y económica del país y reemplazarla por un circo de autoproclamados honestistas a pesar de sus roles en los casos Odebrecht, Panama Papers, el Correo y los demás desguisados que, alguna vez, la misma Elisa Carrió denunció como responsabilidad del presidente Mauricio Macri.

La izquierda señaló que la justicia debe actuar contra De Vido y lo hará, en el caso de la tragedia de Once, por la acción y movilización de los familiares de las víctimas. En ese caso se aplicaría el artículo 70 previsto por la Contitución y no el 66 de características autoritarias y que podría significar el aval a la expulsión de los mismos diputados de la izquierda, a la vez que intenta lavarle la cara a los personeros del ajuste y la corrupción del anterior gobierno y del actual.