En nuestro medio, debido a la inutilidad absoluta del monopolio de los partidos políticos, no se ha planteado todavía la discusión que encarará en pocas semanas el presidente Emmanuel Macron en Francia, y que luego seguirá en toda la Unión Europea: sucesivas etapas de flexibilización laboral con límite impredecible.
Además de la necesidad de competencia e inserción global que ya existía, la avalancha de la robótica, las aplicaciones y la tecnología en general producen ahora un doble efecto. Por el lado del consumo, cambia la apetencia del consumidor, o sea, los productos o los servicios preferidos por el público. A nadie se le hubiera ocurrido regalarle un drone a su hijo hace pocos años. Ese cambio en las preferencias influye a su vez en la cantidad, la calidad y el tipo trabajo que se requiere para producir los bienes. Y a veces altera la ecuación laboral en un país entero.
Del lado de la producción, aun sin que la demanda altere sus hábitos, los cambios en los procesos, que ya eran habituales, se han acelerado y tienden a acelerarse de tal modo que serán disruptivos en todos los mercados de trabajo.
El problema empeora cuando se combinan el cambio de preferencias del consumidor y el cambio en los procesos. Es cierto que la historia muestra cientos de ejemplos de destrucción creativa, en que los puestos perdidos por esas causas se recuperaban ampliamente y con más calidad. Sin embargo, hay tres factores que deben considerarse cuando se trata de estimar la magnitud del problema. La velocidad, la cantidad y la territorialidad. A eso debe agregarse otro factor, que es la rigidez legal laboral y la acción sindical.
El taxi y el remise mueren a manos de Uber, por ahora; el dinero muere a manos de la banca en línea o del celular; los choferes desaparecen a manos de los autos; el GPS, a manos de Waze; el mp3 muere a manos del streaming; Skype lo hace frente a WhatsApp; el mecánico dental, a manos de la digitalización 3D y cuántos otros ejemplos al lector se le ocurran. Todo ello en pocos años o pocos meses. A diferencia de lo que en el siglo XIX pasó con el ferrocarril o la electricidad, no hay una territorialidad en el cambio. Los puestos que se perdían y ganaban entonces ocurrían en la misma área, en el mismo estado o en el mismo país al menos. No es el caso de hoy. Ni en las alternativas de consumo ni en los sistemas de producción y proceso.
Mirándolo desde el aspecto jurídico-sindical-laboral, el tema es todavía más complejo. Lo primero que ocurre con estos fenómenos es el despido. En muchos países tales opciones implican directamente la quiebra de las empresas medianas o pequeñas. Tampoco es tan simple la idea de flexibilizar la relación laboral ni el reentrenamiento. Si el competidor es un robot, por caso, sería posible pensar que el trabajador cederá parte de su ingreso y de sus conquistas hasta que el precio de su trabajo haga más conveniente contratarlo a él que comprar una tecnología nueva. Tal cosa raya en lo imposible. Porque la relación es apabullante, porque la demanda y la producción son hoy globales, porque el cambio continuo hace muy difícil la adaptación permanente y porque una gran cantidad de trabajadores no está preparada para adaptarse.
Los sindicatos juegan aquí un papel vital. También el Estado. En lo que hagan y en lo que no hagan. La propuesta de muchos, entre los que se cuenta a Bill Gates, que se recordará que dijo en su momento que no apostaría a internet, es crear impuestos a los robots y otras tecnologías que remplacen mano de obra humana. Tal planteo no es diferente a cualquier proteccionismo que se haya inventado a lo largo de la historia, y tendrá seguramente el mismo resultado que los anteriores, si se comete el error de aplicarlos. Y también tiene el problema de la territorialidad.
La otra ponencia es la de crear un salario básico universal, una especie de salario que los países pagarán a sus ciudadanos por el mero hecho de haber nacido, se supone. Un subsidio. Como de algún lado debe salir tal salario-subsidio, es obvio que se traducirá en impuestos. De nuevo, además de las ineficiencias de todo tipo que los argentinos conocemos tan bien, surge el problema de la territorialidad. Tal impuesto y subsidio debería ser global, administrado quien sabe por la ONU o por Dios, dada la naturaleza del problema.
Como no habría nada más absurdo que prohibir la innovación en todos los sectores, lo más sensato es fomentarla. Y esto nos lleva nuevamente a la educación. El trabajo tendrá seguramente nuevos formatos. La idea de un empleo seguro, de una jubilación segura, de un salario mensual igual y seguro, de una profesión segura, de un sistema legal que garantice las conquistas, ha empezado a tambalear. Acaso pueda ser aplicado por un tiempo en algunas actividades, pero el concepto no se sostendrá. Aun en el empleo estatal, generalmente más cómodo y estable, esa comodidad choca con los límites matemáticos de la realidad.
El cambio educativo, que debe empezar por volver a aprender a leer, sumar y escribir, ya no será sólo de temáticas. Hay que formar un nuevo estilo de individuos. Capaces de inventarse su trabajo, de no sentirse inseguros si no tienen la protección de un empleador o un sindicato. La alta capacitación profesional no siempre es signo de éxito. Si se analiza a los grandes emprendedores de internet, muy pocos de ellos son universitarios, y algunos ni siquiera conseguirían empleos en una empresa estándar. Hay que formar individuos libres, que no teman esa libertad.
Francia plantea ahora una batalla campal. El gobierno tiene mayoría como para reformar su cómodo sistema bochófilo laboral. Y lo hará. Los sindicatos saldrán a la calle a paralizar el país, contra las decisiones de la mayoría elegida democráticamente. Aquí se plantea una vez más la dicotomía: sindicalismo contra democracia. ¿Para qué votar si los sindicatos van a cambiar con medidas de fuerza las leyes de las mayorías? Eso ni siquiera se le ocurrió a Karl Marx. A menos que, en una idea digna de Isaac Asimov, se cree el sindicato mundial de robots.
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