Cien días de la Policía de la Ciudad: balance y perspectivas

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los habitantes de América Latina. Quienes viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires no están exentos de esta extendida preocupación, como lo evidencia desde hace años la mayoría de las encuestas de opinión pública y las constantes demandas ciudadanas a los poderes públicos.

En ese marco, el Gobierno de la Ciudad viene gastando cada vez más en su propia fuerza de seguridad, antes en la Policía Metropolitana, ahora en la Policía de la Ciudad. Pero, con el correr de los años, ¿nos sentimos más seguros?

El 2 de enero del 2017 hizo su debut la flamante Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 25 mil efectivos (833 policías cada 100 mil habitantes), 19 mil provenientes de la Policía Federal y 6 mil de la ex Metropolitana. Dicha cifra excede el promedio mundial de 300 agentes de policía cada 100 mil habitantes que reconoce la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodoc) y supera la media nacional de 558 policías cada 100 mil habitantes.

La mera disposición de más y más policías no resuelve el problema de la inseguridad. No evita la comisión del delito sino que lo traslada geográficamente, así se desliga la Ciudad de la responsabilidad que le compete. Es llamativo entonces que la máxima premisa del Gobierno de la Ciudad para combatir la inseguridad sea "más policías en las calles", cuando la recientemente aprobada ley 5688 (del sistema integral de seguridad pública) va más allá de la creación de la Policía de la Ciudad y procura avanzar en una visión integral de la problemática de seguridad. Como desafío, el problema de la inseguridad es metropolitano, precisa de un abordaje integral por parte de la gestión pública y va de la mano de políticas de naturaleza preventiva.

Es importante señalar, sin embargo, que haber logrado el tantas veces reclamado traspaso de las fuerzas de seguridad a la Ciudad y haber creado una nueva policía ha sido un paso sumamente importante. Se trata de una ley moderna, que no sólo fue votada por un amplio consenso, sino que también fue enriquecida con relevantes aportes de legisladores de la mayoría de los bloques representados en la Legislatura. Sin ir más lejos, dos diputados de ECO —Roy Cortina y Natalia Fidel— han promovido el tratamiento de propuestas sustanciales en lo que hace a la cuestión de la seguridad en la Ciudad, como es la creación de un mapa del delito, de un sistema de descentralización de denuncias y de un sistema integrado de información y estadística criminal. Resta que el Poder Ejecutivo cumpla lo dispuesto por la ley e implemente las políticas preventivas de seguridad allí plasmadas.

La participación ciudadana, el control civil, la transparencia, la cercanía y la prevención son algunas de las principales premisas de la nueva ley de seguridad pública. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad se pronunció a favor de reducir el número de comisarías, lo que no hace más que generar incertidumbre no sólo en relación con la posibilidad de restablecer la confianza entre la policía y la comunidad, sino también en relación con los canales de denuncia previstos para esta nueva etapa de la Policía de la Ciudad, que, en vez de multiplicarlos, se los reduce.

Son muchas las promesas incumplidas y las cuentas pendientes. Si bien el jefe de Gobierno prometió que respetaría lo dispuesto por el nuevo marco legal y designaría a un civil al mando de la fuerza, eligió como máximo responsable a un ex comisario de la Federal, que renunció al sólo efecto de asumir el flamante cargo. En lo que hace al equipamiento, el Gobierno porteño prometió una fuerte inversión en tecnología, entre la que incluye la instalación de anillos digitales que a través de cámaras registran las patentes de los autos que circulan por distintos puntos de la Ciudad. A propósito de ello, cabe preguntarse: ¿es parte de una política de seguridad inteligente el hecho de que todos sepamos que al entrar a la Ciudad de Buenos Aires las patentes serán controladas en búsqueda de autos robados?

Es imprescindible modernizar las instituciones de seguridad y para ello es necesario revisar sus prácticas, sus lógicas de funcionamiento cotidiano, sus doctrinas, sus relaciones internas y sus vínculos con la sociedad. Además, resulta clave propiciar una sólida articulación con las políticas de seguridad del Estado nacional y, por sobre todas las cosas, un trabajo de coordinación con el área metropolitana. También son necesarias políticas específicas de prevención como son los botones antipánico para los adultos mayores.

La seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los indicadores de delito y violencia, sino que debe ser parte de una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida, el fortalecimiento de la comunidad como eje para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, y una educación basada en los valores de convivencia, tolerancia y respeto por la ley.

Los desafíos son muchos y el Estado debe asumir su responsabilidad: a la hora de promover la evolución de nuestra comunidad, la seguridad colectiva debe ser prioridad.

El autor es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.