El régimen bolivariano no asombra por su falta de cordura, pero el paso dado por el Tribunal Supremo de Justicia de arrogarse las facultades legislativas del Estado y cancelar los fueros de los legisladores de la Asamblea Nacional ha sumido, aún más, al gran país sudamericano en el infortunio de una dictadura abyecta de imposible disimulo. Poco importan las idas y vueltas y el joropo bailado entre Maduro, la fiscal Ortega y el tribunal. Tamaña insensatez obliga a pensar en la hipótesis de que quizás las consecuencias que pueden preverse sean las buscadas, en especial por la evolución de las milicias populares. Aparecerá también en el horizonte el reservorio de petróleo más importante del mundo.

La precariedad institucional previa al acontecimiento golpista de desconocimiento mutuo entre el Parlamento y el Ejecutivo, con un Poder Judicial anulando todas las decisiones parlamentarias no era una situación que pudiera persistir mucho tiempo y obviamente se laudaría a favor de quien ejerce el poder de la conducción del Estado. El golpe, en el medio de ajustes de fortalecimiento armado, era previsible.

La labor de facilitación llevada adelante por la Santa Sede y la Unasur con cuatro ex presidentes y un delegado papal, tan injustamente vapuleada por argumentos pobres y panfletarios, a poco de comenzar demostró que sería inconducente debido a que tanto las fuerzas gubernamentales como las de la oposición sólo tomaban ventaja del tiempo muerto de esos esfuerzos; los chavistas afirmando su marcha totalitaria y la oposición tratando de salvar sus contradicciones y sus enemistades de codicia política. Nadie se engañó con el proceso y si algo se salvó fue sangre.

Nicolás Maduro y los jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con un apoyo popular limitado, han fortalecido y ajustado a sus milicias populares armadas y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sobre estas últimas se desplegó en meses recientes una intensa actividad de nueva Dirección General de Inteligencia Militar, en especial sobre los mandos medios a cargo de las zonas de defensa estratégica, que por su grado de autonomía operativa pudieran despertar sospechas en sus lealtades.

Más de 13 mil unidades de batalla de las milicias populares comenzaron a mediados de marzo último un proceso de readaptación para convertirse en Cuerpos Combatientes para la Defensa Integral de la Nación (Ccdin), con presencia activa cívico-militar en lugares de trabajo y en los barrios en tareas "casa por casa". No se descarta que estos Ccdin se integren también a la Fuerza Armada con comando autónomo. De esta manera, la inteligencia civil y militar, las contradicciones militares y la acción de los nuevos "combatientes" que también seguirán operando sobre expresiones opositoras, constituyen una red bastante sólida en defensa del régimen, una construcción en la que no estaría ausente la cooperación internacional experta en control poblacional.

Todas las actitudes del Gobierno van en claro sentido contrario al de un mínimo esfuerzo democrático. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) y el frente opositor, en su lucha por el restablecimiento democrático, demuestra capacidad de movilización interna de reducida efectividad y se enfrentará sin duda a una mayor represión e intolerancia. Es más, es probable que, como parte de cualquier etapa de un eventual proceso de mascarada democrática, deban ser obligados a una nueva inscripción y reafiliación partidaria en medio de una represión que se incremente. Pero su activismo internacional va abriendo oídos a la solidaridad y el abocamiento internacionales.

El Mercosur ha adoptado una posición muy clara. En dos semanas más Argentina asumirá la conducción de Unasur y el presidente Mauricio Macri ha marcado una línea que no deja dudas. Los aliados caribeños y centroamericanos, condicionados por la ayuda petrolera, ya no son los socios de hierro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA); Jamaica ya se desmarcó en la última reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y los números para la aplicación de la Carta Democrática ahora no están tan lejos pero, aun cuando se adopten algunas de las medidas previstas en la Carta, que pueden no comenzar por las más duras, le seguirán dando tiempo de vida a Maduro. No está claro tampoco hasta dónde Caracas estará dispuesta a seguir el papel del aislamiento y convertirse en víctima de la exclusión regional.

Cualquier acción de condena formal dará legitimidad, o eventualmente legalidad, a bloqueos y restricciones unilaterales. Estados Unidos es el único que tiene en sus manos los elementos prácticos eficientes alternativos a la presión política que pueden dañar al régimen venezolano. Tampoco se puede saber con certeza hasta dónde Washington estaría dispuesto a seguir con sanciones unilaterales.

Venezuela es el tercer socio comercial latinoamericano de los Estados Unidos y, aun con las significativas reducciones de los últimos años, su cuarto proveedor mundial de petróleo. Se discute sobre el real grado de dependencia de Estados Unidos del petróleo venezolano, cuya interrupción intempestiva podría causar daños funcionales al sistema de suministro; hay especialistas que piensan que esa emergencia podría ser subsanada de inmediato con el petróleo canadiense. Para Caracas el mercado estadounidense es el más rentable. En el marco de esta discusión, voceros de ambos gobiernos se esmeran en aclarar, todavía, que las relaciones económicas y las políticas van por carriles distintos, como si esto fuera posible.

A poco de asumir, Donald Trump dejó en claro que avanzaría en el aislamiento regional del régimen de Maduro y habló sobre el tema con los presidentes de Panamá, Colombia, Perú y Argentina. A los ojos de Washington, hay una derecha sudamericana que puede ser receptiva a sus maniobras. Queda por saber si estas pueden llegar a la ejecución de acciones unilaterales contra PDVSA por intermedio de corporaciones estadounidenses que negocien con la venezolana.

Maduro podría aún confiar su subsistencia empeñando su petróleo; ya ha obtenido préstamos de China por más de 50 mil millones de dólares. Al final del ciclo, el único recurso de que dispondrá por mucho tiempo para la obtención de inversiones lo constituyen sus reservas petrolíferas, las más importantes del mundo.

La política de apertura petrolera inaugurada por Carlos Andrés Pérez en los noventa y clausurada en 2007 por Hugo Chávez sin duda es un esquema que no ha de estar ausente en la crisis actual. Las grandes corporaciones petroleras no han de ser un actor ajeno y el secretario de Estado Rex Tillerson lo sabe bien.

 

El autor es jubilado del servicio exterior, está abocado a análisis internacionales. Ex presidente de la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.