El caso del Correo nos recuerda por qué es necesario el control público

El pretendido acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S. A. (Empresa con capitales de la familia del Presidente), ha suscitado, dictamen de la justicia mediante, una nueva disculpa del Poder Ejecutivo y la "vuelta a foja cero" del caso, la revisión de la ley de Ética Pública, la problematización de la responsabilidad penal empresaria y la inminente presentación de decretos y proyectos de ley sobre eventuales conflictos de intereses, entre otras cuestiones. Pero también el "CorreoGate" ubicó en la primera plana de los diarios y portales los nombres de los principales organismos de control: la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Las declaraciones de funcionarios de alto rango del Gobierno pusieron en evidencia el profundo desconocimiento de nuestro sistema de control. Desde la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, colaboramos en la clarificación de las funciones de la AGN -órgano técnico de control externo dependiente del Congreso- quien a pedido del Parlamento ya se encuentra trabajando en su propia auditoría con relación al proceso concursal del Correo y el acuerdo. Es sano para el sistema republicano y para la población que el control provenga de un organismo independiente del Ejecutivo para garantizar la transparencia de cualquier acuerdo.

En contraste, poco se dijo al momento de la SIGEN, órgano de control interno dependiente de Presidencia de la Nación, y de su participación en la revisión del conflicto.

En línea con este argumento, el pasado martes 14 de marzo la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación convocó al Síndico General de la Nación para aportar información sobre el acuerdo entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A. Sin embargo, el actual titular de la Sindicatura, se excusó de asistir a la reunión alegando que "no participó del concurso preventivo de referencia lo cual le impide brindar información".

Sin coincidir con la salvedad esgrimida, me resisto a quedarme sólo con preguntas, porque tenemos derecho y nos merecemos, los argentinos, explicaciones y respuestas cuando hablamos de fondos públicos que surgen del aporte de la ciudadanía.

En primer lugar, cabe destacar que existieron informes previos de la SIGEN sobre la situación empresaria del Correo. Considerando el evidente conflicto de intereses que representa un acuerdo económico que involucra a la familia presidencial, ¿por qué la SIGEN omitió opinar sobre la propuesta de acuerdo con el Correo Argentino S.A. (CASA)? Sobre todo cuando todo el artículo 104 de la ley 24.156 dice que es una de las funciones de la Sindicatura "poner en conocimiento del Presidente los actos que estime que puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público". Si no interviene en acuerdos como el que se discute ¿qué debemos esperar de sus criterios para definir en qué áreas intensificar su tarea?

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el funcionamiento normativo del organismo, existe una Unidad de Auditoría Interna (UAI) que inevitablemente intervino en el proceso, ¿qué acción ejerció la SIGEN sobre la UAI de la, en ese entonces, Secretaría de Comunicaciones? ¿Qué hay de la participación e intervención del Síndico jurisdiccional dentro del Directorio del Correo Argentino S.A. que fue designado durante el gobierno anterior y conservado por el actual Síndico General– más allá de su eficiente o ineficiente gestión?

Las inquietudes son concomitantes: ¿qué dijo la SIGEN en el "informe de situación empresaria" de Correo Argentino S.A. de septiembre del año pasado elevado al Ministro de Comunicaciones?; ¿qué tareas de control está desarrollando hoy la Sindicatura en relación al Correo, tanto en lo que refiere a la empresa Correo Argentino S.A. en concurso, como en lo que respecta a Correo Oficial Argentino S.A. (CORASA)?; ¿colaborará con la tarea encomendada a la AGN?

A su vez, la no publicación de los informes de la SIGEN – situación que se repite desde mediados de 2010- vuelve muy poco eficiente la tarea de recolectar y requerir información que debería estar disponible para cumplir responsablemente nuestra labor como representantes de todos los ciudadanos. Demás está decir que no es facultativo para el organismo informar a la opinión pública, es un deber legal, cuyo incumplimiento reiterado y continuo, no exime de responsabilidad a la actual gestión.

Aprovechemos la notoriedad que alcanzaron estos organismos para que se genere un debate serio y profundo sobre la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema de control nacional. Saldemos cuentas pendientes, defendamos el control público y reclamemos gestiones transparentes y rendición de cuentas por parte de los funcionarios para beneficio de las instituciones y de la población.

La autora es Diputada Nacional por el Frente Renovador y dirigente sindical.