El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) no es un sindicato más. Es quizás el más emblemático ejemplo de lo que fue la corrupción durante estos últimos doce años. Lo que debería haber sido un sindicato al servicio de sus afiliados se utilizó para provecho personal de un puñado de unos pocos que se enriquecieron a sus expensas. No sólo ello, sino que en ese transcurrir se perjudicó a los trabajadores afiliados y sobre todo a los que no dejaban afiliar o les hacían perder esa condición bajo argucias que hoy se revelan claramente como una práctica mafiosa; se le han causado al país gravísimos perjuicios.

Se encarecieron costos en el transporte marítimo hasta llevarlos a límites absurdos. Ciertamente, costos no genuinos pero que hacían imposible el ejercicio regular de una actividad fundamental para el desarrollo del país. Se utilizó el poder que emana de un sindicato de esta naturaleza para extorsionar y lucrar de manera ilegal con la finalidad última de enriquecerse ilícitamente. A la sazón, hoy su máximo referente se encuentra procesado y preso en el marco de una investigación penal que no se agota en él sino que se extiende a muchas de las personas que lo acompañaron en ese accionar ilícito. Ciertamente que si hoy se exhiben resultados en este sentido es fruto de lo actuado por la intervención judicial designada a tal efecto. Quien fuera la interventora hasta el pasado 22 de febrero del corriente año actuó con una valentía y una profesionalidad pocas veces vistas. No le tembló el pulso para avanzar en las distintas denuncias presentadas que llevaron a los procesamientos y la detención de los distintos responsables.

Por supuesto que la investigación sigue su curso y que no se va a agotar en lo hasta aquí aportado. Seguramente aparecerán aún nuevas evidencias que compliquen todavía más a los involucrados. Sin embargo, con la designación del nuevo interventor judicial designado por el juez federal, quien a su vez ha sido designado delegado normalizador por el Ministerio de Trabajo, se abre una nueva etapa en la realidad del SOMU, quizás la más crucial de todas. En tanto los responsables del manejo espurio ya se encuentran rindiendo cuentas en la Justicia, llegó el momento de comenzar el proceso para concluir con la normalización del sindicato a través de elecciones transparentes, abiertas, democráticas y libres.

Se viene una etapa complicada en la que se va a decidir el futuro del SOMU. No es sencillo de la noche a la mañana eliminar vicios y costumbres muy arraigadas en muchos de los que pretenden erigirse como los sucesores de la antigua administración. Es tarea del nuevo interventor convencer a los afiliados de que es posible disfrutar de una institución que se maneje legítima y democráticamente, y en beneficio de todos ellos. Hasta aquí quienes se enriquecieron y beneficiaron con el sindicato fueron quienes lo trataron como si fuera propio. Es hora de que quienes se beneficien sean sus verdaderos dueños, los afiliados.

En este transitar, las empresas no resultan ajenas. Extorsionadas durante años, sucumbieron a los manejos y las exigencias de quienes se sentían los dueños de los ríos y los puertos del país. Les corresponde también a ellas, para que lo vivido no se vuelva a repetir, acompañar esta nueva etapa y confiar en el SOMU y en el proceso eleccionario en ciernes. Llega la hora de la verdad para el SOMU. Nunca mejor concebido el espíritu que impulsa el Gobierno del presidente Mauricio Macri. Es momento de que Cambiemos refleje un verdadero cambio en este sindicato tan importante —no sólo para sus afiliados sino para la vida misma del país— y sirva de modelo y ejemplo de que se puede, que el cambio para bien es posible y que para quienes han hecho de la impunidad y la corrupción un estilo de vida solamente cabe la aplicación de la ley.